La medida que se conocería hoy es a raíz de la denuncia efectuada por un proveedor que reclama un deuda que ascendería a los $10 millones
La Justicia notificaría hoy, el embargo preventivo a la Municipalidad de El Quebrachal, en el marco de la causa iniciada por un proveedor que busca cobrar una deuda, contraída por la gestión del intendente Rolando Rojas, que ascendería a los $10 millones.
La decisión de la jueza Patricia Rahmer, fue anticipada este lunes en el programa PSP que conduce Daniel Barboza, durante una entrevista realizada a Salomón Pérez e Isabel Paz, ambos damnificados que denunciaron al Municipio por el pago de dicha deuda, con cheques sin fondos.
«Ya está firmado por la doctora Rahmer, el oficio de embargo preventivo a la Municipalidad de El Quebrachal», anunció el periodista, minutos después que los demandantes se mostraran sorprendidos con el proceder de la Justicia de Anta.
El proveedor de carnes y artículos varios de Quebrachal confesó estar viviendo, junto a su familia, un momento muy difícil que comenzó en octubre de 2021, cuando empezó a cobrar la deuda. Dijo que después de haber radicado la denuncia en marzo pasado, el trámite de la causa quedó paralizado porque la jueza Rahmer tomó una licencia al momento que debía firmar el oficio de embargo al Municipio. Pérez relató que en reemplazo de Rahmer quedó el juez Héctor Guzmán, pero tampoco quiso firmar el instrumento aduciendo que su actuación no estaba firme como subrogante frente a la causa. No obstante ayer se conoció extraoficialmente que el expediente avanzaría con la firma del oficio, tras la reincorporación de la funcionaria judicial.
Allanamiento a los denunciantes
Lo insólito es que tanto Pérez como Paz, relataron que la semana pasada fue allanado su domicilio por orden del juez Guzmán. La medida se cumplió en el marco de una denuncia radicada hace 15 días por la Municipalidad de El Quebrachal.
El equipo contable y legal del intendente Rojas desconoce dicha deuda y aduce que los pagos efectuados a través de cheques, no están registrados en el sistema contable oficial. En otras palabras abren la hipótesis de que alguien habría emitido esos documentos de pago, sin aval de la autoridad.
«Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, nos revolvieron toda la casa. Entraron 10 policías junto a la fiscal Celeste Pisacic y otras personas. Nos llevaron todas nuestras pruebas y documentos originales que teníamos para cobrar la deuda», detalló Pérez.
El matrimonio de Quebrachal le pidió a la Justicia actuar con equidad. «Nosotros denunciamos en marzo y la causa nunca avanzó, mientras tanto ellos denunciaron hace 15 días y ya nos allanaron nuestro domicilio», lamentó.
