Mediante un tratamiento sobre tablas, Diputados aprobó en lo que compete a la Legislatura de Salta el Consenso Fiscal 2019 y la suspensión del Pacto Fiscal firmado por la Provincia y la Nación en 2017.
El Consenso Fiscal firmado entre el Presidente, Alberto Fernández, y los gobernadores de las provincias, entre los que se encontraba Gustavo Sáenz, establece la suspensión en el decrecimiento de las alícuotas a diferentes impuestos en Salta, manteniendo hasta el 31 de diciembre del año próximo, los valores del 2019.
Así también, se establece la eliminación del impuesto que financiaba a las Cooperadoras Asistenciales (tal como estaba estipulado desde el 30 de noviembre pasado). De todas formas, estas entidades continuaran funcionando pero su financiamiento dependerá de la Provincia.
Otro punto importante es que se suspenden las demandas realizadas por parte de Salta a Nación por diferencias en las liquidaciones del régimen de coparticipación.
El diputado Javier Diez Villa explicó que la suspensión del Pacto Fiscal del 2017 se debe a que presenta una realidad económica muy distinta a la que prometía el gobierno nacional anterior, ya que la devaluación, las deudas adquiridas a organismos internacionales, el crecimiento en la pobreza, hace imposible implementar estas medidas que reducen la capacidad recaudatoria de la Provincial.
“De no aprobarse este proyecto tendremos una merma muy grande en las fondos provinciales, con lo cual será muy difícil afrontar las obligaciones contraídas anteriormente”, dijo el legislador.
En tanto, el diputado Claudio Del Plá manifestó que el contexto en el cual se está tratando este proyecto, es igual a cuando se trató el de 2017, ya que desde la clase política se pretende que sean los trabajadores paguen las deudas contraídas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros acreedores, promoviendo entre otras cosas un desfinanciamiento del Anses y maltratos a los jubilados.
Así también, el diputado Sergio Cisneros aseguró que este proyecto se trata de un ajuste feroz desde diferentes sectores económicos a la clase trabajadora.
Por su parte, el diputado Carlos Zapata criticó el poco tiempo de tratamiento que tuvo el proyecto en la Cámara Baja, siendo una iniciativa tan importante para el desarrollo económico de la provincia, además explicó que “el bienestar de una región, nunca puede estar aparejado con una gran carga tributaria, ya que eso disminuye la producción, sumado a la falta de un presupuesto que determine el destino de estos fondos”.
En este sentido, el diputado Héctor Chibán calificó a esta medida como un impuestazo que complica en gran medida el trabajo de los productores de nuestra provincia.
El diputado Luis Albeza detalló que la situación económica provincial es muy delicada, por lo que sería una imprudencia seguir disminuyendo los ingresos provenientes de estos impuestos.
“Estamos brindando un aliciente para la administración salteña, ya que estos ingresos con los que no contaban para el próximo año continuarán; pero debemos tener en claro que no podemos seguir aferrándonos a presión impositiva para sobrellevar los momentos de crisis”, dijo el legislador.
En tanto, el diputado Santiago Godoy explicó que esta medida no se trata de un aumento o una disminución de los montos de un impuesto, es mantener el precio de las alícuotas que actualmente existen, suspendiendo la disminución de presión fiscal que se venía dando.
“Está claro que el pacto fiscal trajo malos resultados para la provincia, ya que las arcas salteñas perdieron 4 mil millones desde su sanción en 2017, pese a que en un primer momento se pudo equilibrar las cuentas que estaban en rojo”, dijo el legislador.
En sintonía con Godoy, la diputada Cristina Fiore expresó que desde su perspectiva el pacto fiscal en un primer momento fue bueno para la provincia, ya que ayudo a brindar equilibro en las cuentas salteñas, pero luego fue muy contraproducente porque rentas recaudó un 15% menos de forma interanual.
“Comparto la visión humanística y católica y las finalidades del gobernador Gustavo Sáenz, pero él no dio ninguna dirección que va a tomar para solucionar los problemas de la Salta, y considero que estos incrementos no son los adecuados para el bienestar de los trabajadores”, dijo la legisladora.
El diputado Pedro Sández aseguró que el nuevo gobierno de Salta, tendrá la difícil tarea de lograr pagar todas las deudas adquiridas por la administración anterior, por lo cual era importante no reducir la capacidad recaudadora de la provincia.
Por su parte, el diputado Baltasar Lara Gros lamentó que se perjudique al trabajador promoviendo cambios en cuanto a la carga impositiva que no tenían planificados. Además, aseguró que es indispensable saber el destino que le dará el Poder Ejecutivo a los nuevos fondos.
En tanto, el diputado Julio Moreno remarcó que nuevamente desde el poder político de turno en Salta se está atendiendo a lo urgente y no así lo importante. En este caso, este tipo de medidas atenta contra la estabilidad política y financiera de la provincia haciendo que las inversiones nunca lleguen.
“Estamos ante una presión tributaria sumamente recesiva, ya que se paga estos impuestos en todas las etapas elaboración, traslado, venta, etc.”, dijo el legislador.
Así también, la diputada Patricia Hucena resaltó la importancia de evitar una caída en la recaudación por las actividades económicas.
El diputado Germán Rallé manifestó que si bien es necesario aceptar las responsabilidades por aprobar el pacto fiscal de hace dos años, en esta oportunidad se trata de una medida que fomentará el crecimiento recaudatorio para las arcas salteñas y así afrontar la difícil situación que trascurre en Salta.
Finalmente, el diputado Ramón Villa explicó que es importante brindar gobernabilidad para el nuevo Poder Ejecutivo en Salta, por lo que apoyó la iniciativa, pero solicitó que las distribuciones provenientes de estas nuevas recaudaciones se repartan de mejor manera los municipios del interior de la provincia.
El proyecto fue aprobado por mayoría con los votos en negativo del diputado Claudio Del Plá, Carlos Zapata, Julio Moreno y Gladys Moisés, y pasó al Senado en revisión.
