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title: "“Cara la jodita”: Santa Fe exige $6 millones tras amenaza escolar"
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date_published: "2026-04-28T19:54:00-03:00"
date_modified: "2026-04-28T20:28:57-03:00"
tags:
  - "Amenazas"
  - "Argentina"
  - "Santa Fe"
author_name: "Xiomara Díaz"
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category_name: "Actualidad"
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category_description: "Noticias de actualidad en Joaquín V. González, El Quebrachal, Las Lajitas, Apolinario Saravia, El Galpón, Metán, Río Piedras, El Tala, Rosario de la Frontera, Salta"
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# “Cara la jodita”: Santa Fe exige $6 millones tras amenaza escolar

## ![Cara la jodita](/download/multimedia.normal.8ed8a073a18090cf.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

La provincia de Santa Fe puso en marcha una nueva medida para desalentar las amenazas falsas de ataques armados en establecimientos educativos; exigir a las familias de los menores involucrados el pago total de los operativos de seguridad desplegados ante cada alerta.

El primer caso ya fue notificado en las últimas horas. Personal policial se presentó en el domicilio de los padres de un adolescente señalado como responsable de una intimidación y les informó que deberán abonar **$6.024.944** por los gastos generados. Según trascendió, al firmar la documentación el hombre lanzó una frase que no pasó inadvertida: *“Cara la jodita”.*

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial aclararon que no se trata de una multa penal, sino de una **acción resarcitoria de carácter civil**. Es decir, el Estado busca recuperar el dinero utilizado en cada procedimiento extraordinario activado por una falsa denuncia.

Cuando el juego cruza un límite: causas penales por amenazas en Salta

Las autoridades explicaron que el monto surge del costo operativo total: **movilización policial, uso de móviles, combustible, intervención de brigadas especiales —entre ellas explosivos—, personal afectado y horas extras demandadas por el despliegue.**

El ministro **Pablo Cococcioni** sostuvo que la intención es que quienes generan estas situaciones *“se hagan responsables del daño ocasionado”* y remarcó que cada falsa amenaza compromete recursos públicos que podrían destinarse a emergencias reales.

La intimación fija un plazo de cinco días para regularizar la deuda. En caso de incumplimiento, el expediente podrá pasar a la Fiscalía de Estado, con posibilidad de avanzar en medidas judiciales como embargo de haberes o inhibición de bienes.

En Santa Fe consideran que la reiteración de este tipo de episodios obligó a endurecer la respuesta oficial. Además del temor que generan en la comunidad educativa, cada operativo implica suspensión de clases, evacuaciones y una fuerte demanda logística para las fuerzas de seguridad.

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