--- canonical_url: "https://expresiondelsur.com.ar/contenido/47568/la-ruta-de-las-pensiones-en-anta-captacion-estudios-falsos-y-pagos-millonarios" title: "La ruta de las pensiones en Anta: captación, estudios falsos y pagos millonarios" article_type: "Article" main_image: "https://expresiondelsur.com.ar/download/multimedia.grande.ad1f50e1185f7aa7.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-08-25T08:32:00-03:00" date_modified: "2026-08-24T21:43:49-03:00" tags: - "Anta" - "El Quebrachal" - "Joaquín V. González" - "Justicia" - "Pensiones" author_name: "Xiomara Díaz" author_url: "https://expresiondelsur.com.ar/usuario/3/xiomara-diaz" category_name: "Actualidad" category_url: "https://expresiondelsur.com.ar/categoria/2/actualidad" category_description: "Noticias de actualidad en Joaquín V. González, El Quebrachal, Las Lajitas, Apolinario Saravia, El Galpón, Metán, Río Piedras, El Tala, Rosario de la Frontera, Salta" --- # La ruta de las pensiones en Anta: captación, estudios falsos y pagos millonarios # ![Hospital Romero](/download/multimedia.normal.8353e937c7e086b0.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) Una investigación federal puso bajo sospecha el **circuito de otorgamiento de pensiones no contributivas** por discapacidad en El Quebrachal y Joaquín V. González. Quince personas fueron imputadas por su presunta participación en una estructura dedicada a confeccionar documentación médica falsa, captar solicitantes y gestionar beneficios ante la ANSES. La acusación fue presentada por el fiscal general **Carlos Martín Amad**, acompañado por la auxiliar fiscal **Roxana Gual,** ante el juez federal de Garantías N°2, **Diego Anzorreguy.** La audiencia se extendió durante siete horas. Entre los imputados se encuentran diez personas que ocupan o desempeñaron cargos públicos, además de profesionales de la salud y particulares. La nómina incluye al médico y actual diputado provincial por Anta, **Francisco Gerardo Orellana;** al exgerente del hospital de El Quebrachal, **Oscar Luna**; a otros médicos vinculados con establecimientos públicos y clínicas privadas; al exjefe de la oficina de ANSES en El Quebrachal, **Edmundo Dante Salazar**; al bioquímico **Luciano Benjamín Esteban**; empleados municipales y un comerciante. Las imputaciones son provisorias. En términos generales, la Fiscalía les atribuyó los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio del Estado nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta última figura no fue aplicada a quienes no integraban la administración estatal. El Tren 25 de Mayo ya funciona en Salta: Sáenz y Pettovello encabezaron el lanzamiento ## Certificados, estudios y trámites bajo sospecha Según la hipótesis fiscal, la organización habría confeccionado**certificados con diagnósticos inexistentes** y adulterado análisis médicos para **acreditar incapacidades laborales iguales o superiores al 66%**, uno de los requisitos para acceder a estas pensiones. Entre las patologías presuntamente consignadas de manera falsa figuran **diabetes, enfermedad de Chagas y problemas de columna.** La acusación sostiene que algunos estudios pertenecientes a pacientes enfermos eran reutilizados con los datos de personas sanas. El circuito también habría incluido la captación de interesados, la recopilación de documentos, la carga de solicitudes en el sistema de ANSES y la intervención de personas con acceso o vínculos dentro de organismos públicos. La Fiscalía señaló que los solicitantes eran enviados a determinados consultorios y clínicas privadas. En algunos casos, siempre de acuerdo con la acusación, se les habría negado la atención necesaria en hospitales públicos para obligarlos a realizar los estudios en establecimientos particulares relacionados con los investigados. ## Pagos de hasta un millón de pesos La tramitación de una pensión no contributiva es gratuita. Sin embargo, durante los procedimientos se habrían encontrado registros de**personas que pagaban para obtener o renovar el beneficio.** Los montos detectados**superaban los 300 mil pesos** y, en determinadas situaciones, habrían alcanzado el millón. La Fiscalía afirmó que algunas familias en situación de vulnerabilidad tomaron préstamos o vendieron animales y otros bienes para reunir el dinero exigido. Uno de los roles investigados corresponde a un comerciante de El Quebrachal. Según la imputación, desde un kiosco ubicado cerca del hospital captaba interesados, **modificaba documentación mediante una fotocopiadora y cargaba los expedientes por Internet.** Los mensajes recuperados de teléfonos secuestrados permitieron, de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, reconstruir conversaciones sobre estudios médicos, costos y listados de personas que habían pagado o todavía adeudaban dinero. ## Funcionarios y dirigentes señalados La acusación ubica al exjefe local de ANSES como una pieza relevante dentro de la presunta estructura. La Fiscalía sostiene que habría facilitado el restablecimiento de claves para permitir el ingreso al sistema a personas ajenas al organismo. También se investigó el desempeño de**Oscar Luna**, quien estuvo al frente del hospital de El Quebrachal entre 2017 y 2025 sin ser médico. El fiscal afirmó que habría firmado certificados médicos oficiales utilizando la matrícula de otro profesional. En cuanto al diputado **Francisco Orellana,** el Ministerio Público le atribuyó haber avalado trámites irregulares durante su gestión como intendente de Joaquín V. González, entre 2007 y 2011. Amad sostuvo además que, en períodos electorales, **se habrían ofrecido pensiones a cambio de votos.** Estas afirmaciones forman parte de la teoría fiscal y deberán ser probadas durante el proceso. Otro de los casos mencionados corresponde a**una mujer de 32 años que trabaja como empleada doméstica y que habría recibido un diagnóstico con un 97% de discapacidad**. El trámite también aparece vinculado a la firma del actual legislador, según lo expuesto en la audiencia. ## Veintiséis allanamientos y un año de investigación La causa comenzó en julio de 2024 y avanzó mediante dos series de procedimientos realizados en noviembre y junio. En total se concretaron 26 allanamientos en viviendas, hospitales, consultorios, clínicas privadas y dependencias municipales. Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, documentación y listados de presuntos beneficiarios. Parte de los dispositivos ya fue peritada y su contenido pasó a integrar la evidencia presentada por la Fiscalía. El juez Anzorreguy concedió un plazo de un año para profundizar la investigación. También ordenó la anotación de litis sobre bienes de los acusados durante el mismo período, una medida cautelar que deja asentado en los registros que esas propiedades están alcanzadas por un proceso judicial. El expediente se concentra por ahora en las maniobras detectadas**en el departamento de Anta, donde se contabilizan 4.305 pensiones no contributivas por discapacidad.** Esa cifra representa más del 15% de su población. La pesquisa, sin embargo, podría tener un alcance mayor. Un informe elaborado por Gendarmería Nacional y citado por el fiscal **indica que unas 9.000 de las 39.715 pensiones vigentes en la ciudad de Salta presentarían documentación apócrifa**, incompleta o incumplimientos de los requisitos. Sobre esa estimación, la Fiscalía calculó un **posible perjuicio de 3.240 millones de pesos mensuales** y cercano a los 40 mil millones de pesos al año. La investigación continuará con la producción de nuevas pruebas y el análisis individual de la responsabilidad atribuida a cada imputado. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.