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title: "Analizan qué necesita Salta para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil"
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date_published: "2026-10-01T15:00:00-03:00"
date_modified: "2026-10-01T11:51:22-03:00"
tags:
  - "Justicia de Salta"
  - "Ley Penal Juvenil"
  - "Ministerio de Justicia"
  - "Salta"
author_name: "Xiomara Díaz"
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category_name: "Judiciales"
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category_description: "Justicia Juicio Causa Juez"
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# Analizan qué necesita Salta para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil

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**La disponibilidad de personal, la infraestructura y las condiciones de alojamiento de adolescentes** fueron parte del análisis sobre la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en Salta. Representantes provinciales y de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación revisaron las necesidades del sistema y posibles líneas de trabajo.

La reunión se realizó en el Colegio de Abogados y Procuradores y estuvo encabezada por la subsecretaria de Justicia, **Agustina Rizzoli**. Participaron Gloria Bonatto, directora de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Defensoría nacional, Ivana Carmona y técnicos del organismo. Según informó la Provincia, el trabajo se centró en la implementación del régimen establecido por la **Ley 27.801**.

![image](/download/multimedia.normal.8590e235383d1733.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

Las mesas abordaron la conformación de equipos interdisciplinarios, los protocolos de intervención y los sistemas de información. También se examinó la coordinación entre el Poder Ejecutivo, la Justicia y el Ministerio Público.

Otro eje fue la atención de adolescentes y jóvenes alojados en el sistema: **salud física y mental, educación, formación profesional y vínculos familiares**, junto con los mecanismos de protección de sus derechos.

**![image](/download/multimedia.normal.af5f93bac52a8600.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)**

El análisis incluyó **medidas alternativas a la privación de libertad y justicia restaurativa**, con atención a la reparación del daño. Además, se trabajó sobre la planificación del egreso, el acompañamiento en las comunidades y la continuidad educativa y laboral.

Participaron también organismos provinciales de derechos humanos y justicia penal juvenil, el Comité para la Prevención de la Tortura y representantes de la Corte de Justicia y del Colegio de Abogados.

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