Navarro busca una salida estructural ante la superpoblación de detenidos en comisarías de Anta

La senadora provincial Alejandra Navarro mantuvo una reunión junto al diputado Gerardo Orellana con el jefe de Gabinete de la Provincia, Sergio Camacho, para abordar una problemática que preocupa a todo el departamento Anta: la falta de lugares adecuados para la detención de personas bajo custodia policial.

Durante el encuentro se plantearon alternativas de solución a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de descomprimir las comisarías de la Unidad Regional Nº 5, que actualmente se encuentran colapsadas.

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La iniciativa es impulsada por la senadora Navarro y busca dar una respuesta estructural a una situación que hoy afecta tanto al sistema de seguridad como al funcionamiento de la Justicia.

Un problema grave y creciente

En Anta existe un serio inconveniente con personas que deben permanecer detenidas por orden judicial, pero que no son trasladadas a unidades carcelarias. Las comisarías no están preparadas para alojamientos prolongados y hoy presentan un nivel de hacinamiento alarmante.

El último caso que encendió las alarmas fue la muerte de José Antonio “Nity” Cuellar, ocurrida el 28 de enero en la Comisaría N°1 de Joaquín V. González. Según se informó, el día del hecho habría más de 30 hombres alojados en un espacio reducido, de aproximadamente 3 por 3 metros.

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A raíz de ese hecho intervino el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, que realizó una inspección encabezada por la comisionada Cristina Cobos, el comisionado Andrés Giordamachi y Fernando Pequeño Ragone, integrante de la Mesa de Derechos Humanos.

Tras la recorrida, el organismo calificó las condiciones de alojamiento como “sumamente precarias e insalubres” y advirtió que no reúnen requisitos mínimos para alojar detenidos. Además, señalaron que el hecho podría haberse evitado y que corresponde una investigación objetiva y completa.

Actualmente hay siete personas imputadas por homicidio doblemente calificado, quienes fueron trasladadas a otras dependencias.

Seguridad, no privilegios

Desde el entorno de la senadora remarcaron que el proyecto no busca mejorar la “comodidad” de quienes delinquen, sino resolver un problema de seguridad pública.

En muchos casos, cuando la Justicia ordena una detención, la persona recupera la libertad al poco tiempo porque no se puede garantizar su integridad física en comisarías superpobladas. Esa situación genera un doble riesgo: para los propios detenidos y para la comunidad.

La propuesta apunta a generar infraestructura y mecanismos adecuados que permitan cumplir con las órdenes judiciales, evitar nuevos hechos graves y fortalecer el sistema de seguridad en el departamento Anta.