
Acuerdo Mercosur–Unión Europea: qué es y qué cambia para Argentina
Tras la firma, deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y luego por los Congresos de los países del Mercosur.

Pese a que hubo promesas por parte del Gobierno nacional de no realizar despidos injustificados, en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) al igual que en el resto de los organismos nacionales, se concretaron 50 cesantías, de las cuales una es de Salta que tenía contrato de locación de obra. Hay temor que esto se extienda hacia otros contratados.
Actualidad31/03/2024
José Alberto Coria
En Salta de los 150 trabadores que tiene el organismo, 140 son contratados que tienen muchos años de antigüedad. En todo el país, la planta del SENASA es de 5.500, de los cuales 3.500 son contratados.


El sector se encuentra en estado de alerta y de asamblea. El miércoles, luego de los feriados los gremios acompañarán a la trabajadora despedida y pedirán una entrevista con la directora Regional del organismo, Claudia Martínez, para que les muestre la notificación oficial que detalle las causales de la cesantía, puesto que fue notificada por teléfono.
"En muchos casos están notificando de manera informal. Hay casos en los que llaman por teléfono, mandan mail, algunos correos electrónicos no llegan directo a los trabajadores sino a los superiores del área. Hemos relevado a 50 en todo el país. En Salta nos tocó una compañera que está en la oficina local que fue despedida injustificadamente", indicó a Nuevo Diario Juan Cruz Stola, delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Aclaró que el despido en Salta es injustificado porque no le explicaron a la trabajadora los motivos de la cesantía. "Se trata de una compañera que tenía un contrato muy precario desde hace dos años. En Salta son 20 los que tienen ese tipo de contrato, ya que deben facturar. No justifica el despido porque nos dijeron que todos éramos necesarios. No sobra nadie en el SENASA, en realidad hacen falta más trabajadores para que el Estado cumpla todas las necesidades", detalló Stola.
Si bien el caso de Salta se trata de la no renovación de contrato, el delegado gremial asegura que una vez superado el año de trabajo se considera que pasa a realizar tareas permanentes dentro del organismo.
El delegado aseguró que el Gobierno nacional incumplió con no realizar despidos injustificados. Señaló que, por un decreto presidencial del 27 de marzo, los contratos tendrán validez por tres meses.
"Yo soy de carrera, pero tengo 30 años de trabajo como contratado. Estos contratos fueron creados en el 2003 para tareas transitorias por un año y se fueron renovando. Eso acredita que el trabajo fue permanente o sea que el derecho constitucional es el de la estabilidad laboral. Es un tema que venimos reclamando desde hace años", explicó.
Cabe recordar que SENASA informó que iniciaría paro y frenaría las exportaciones, lo que puso en alerta al Gobierno nacional, que prometió no realizar despidos injustificados.
Cerca de 150 estatales afectados por el ajuste
El ajuste y achique del Estado impulsado por las políticas del presidente libertario Javier Milei comenzaron a sentirse en Salta. Los sindicatos ya alertaron sobre aproximadamente 120 trabajadores despedidos en varios organismos.
Sorprende en muchos casos la modalidad en que se informaron las cesantías ya que a muchos no les llegó aún el telegrama con las causales. A muchos les informaron por teléfono o por correo.
Según se supo, entre los echados del Estado diez corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad, cuatro en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), cuatro en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, diez a Desarrollo Social que se suma al cierre de los Centros de Referencia (CDR), quince en ENACOM, cuatro de Parques Nacionales, uno en el SENASA; cerca de sesenta trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), cinco en Agencia de Seguridad Vial y tres en la Agencia de Discapacidad.
Todos ellos dejarán de pertenecer al Estado a partir del 1 de abril, que es feriado. Ante este panorama, se espera que el miércoles los gremios estatales inicien asambleas.
“Estamos pidiendo alguna medida contundente a las dos CGT a la CTA y que todo el pueblo vaya comprendiendo que esto es una locura”, remarcó Juan Cruz Stola, delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del SENASA.
“Tenemos que llegar a esa gente que cree que hay que esperar. Cuanto más se espere, la situación se agrava”, agregó.

Tras la firma, deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y luego por los Congresos de los países del Mercosur.

El pago fue acordado entre el intendente José María Issa y el SOEM y se abonará el 23 de enero. La medida alcanza a los trabajadores municipales en medio de un contexto económico complejo.

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