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La concejal Ana Soledad García Mendoza detalló que la ordenanza busca una solución a fondo con un trabajo intersectoral con el “estado presente”.
Crece la preocupación por una ola de falsas cobranzas y amenazas de embargo que circulan por mensajes de texto, WhatsApp y llamadas telefónicas. La modalidad, que simula ser gestionada por estudios jurídicos, ya generó múltiples denuncias por parte de vecinos que advierten maniobras engañosas y potencialmente delictivas.
Interés General08/04/2025En el sur de la provincia, particularmente en El Galpón, crece la preocupación por el aumento de denuncias vinculadas a mensajes intimidatorios relacionados con presuntas deudas. Vecinos manifestaron haber recibido comunicaciones por SMS, WhatsApp o llamadas de supuestos estudios jurídicos, donde se los amenaza con embargos inminentes si no abonan montos reclamados en un plazo breve.
Cristian Quiquinto, responsable de Defensa del Consumidor del municipio, explicó que estos mensajes suelen incluir expresiones como “De no pagar su deuda en los próximos dos días se procederá a realizar un embargo”, lo cual resulta completamente ilegítimo desde el punto de vista legal.
“El embargo solo puede ser ordenado por un juez, en el marco de un proceso judicial debidamente constituido. No puede gestionarlo ni un abogado ni una empresa por cuenta propia. Además, la notificación siempre debe realizarse a través de una cédula judicial, no por medios digitales”, señaló Quiquinto.
El funcionario también advirtió que los únicos habilitados para ejecutar un embargo en un domicilio son los oficiales de justicia, con orden judicial expresa. Recomendó no abrir la puerta a extraños que se presenten con esa excusa y, ante cualquier duda, llamar inmediatamente a la policía.
Otro aspecto que se remarcó desde la oficina de Defensa del Consumidor es que muchas de las deudas reclamadas mediante estas amenazas ya se encuentran prescriptas. En tal sentido, Quiquinto recordó que las obligaciones de pago periódico prescriben a los dos años, las de tarjetas de crédito a los tres y las de alquileres o similares a los cinco años.
Finalmente, sostuvo que es importante que la comunidad esté informada y actúe con precaución. “Si llega una notificación judicial verdadera, el vecino debe presentarse y ejercer su derecho a defensa. Pero no se puede permitir que estas maniobras fraudulentas avancen sobre la buena fe de las personas”, advirtió.
Desde el municipio, se trabaja en campañas de información y se ofrece acompañamiento legal a quienes hayan recibido mensajes de este tipo. La recomendación general es conservar la calma, no brindar datos personales y acudir a instancias oficiales para verificar la autenticidad de cualquier intimación.
La concejal Ana Soledad García Mendoza detalló que la ordenanza busca una solución a fondo con un trabajo intersectoral con el “estado presente”.
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