Ciberdelito en la fuerza: una policía estafó a ocho compañeros con sus tarjetas

Una suboficial de la Policía fue condenada por estafar a ocho compañeros de trabajo, luego de quedar probada su participación en una serie de maniobras realizadas con las tarjetas de crédito de sus colegas. La mujer, de 32 años, utilizó los datos de los plásticos para realizar pagos de servicios, compras online y otras disposiciones, lo que derivó en una investigación por ciberdelincuencia que terminó con una condena en juicio abreviado.

El caso fue llevado adelante por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, quien representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia bajo modalidad flexible y multipropósito, fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), en el marco del Plan Piloto de Oralidad.

Durante la audiencia, la acusada admitió su responsabilidad por los ocho hechos de estafa, todos cometidos mediante el uso indebido de tarjetas de crédito. Tras la confesión, el juez Diego Rodríguez Pipino dictó una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta. Además, se acordó una reparación económica del 50% del valor de los daños sufridos por los damnificados.

La investigación comenzó luego de que los policías afectados detectaran movimientos financieros sospechosos en sus cuentas. En todos los casos, se trataba de operaciones que ellos no habían realizado y que habían sido efectuadas de forma virtual. Al profundizar las averiguaciones, se descubrió que la autora de las maniobras era nada menos que la jefa de la dependencia donde trabajaban las víctimas.

Se comprobó que algunos de los pagos habían sido realizados a nombre de la propia suboficial y otros a nombre de familiares directos. Con estos indicios, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro órdenes de allanamiento y secuestro en dos domicilios vinculados a la imputada. En los procedimientos se incautó evidencia digital clave que permitió cerrar el círculo de la investigación.

El caso expone una grave vulneración de confianza dentro de la fuerza policial y pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles internos frente a delitos digitales que, cada vez más, afectan incluso a quienes deberían estar del lado de la ley.