Rige la ley que sanciona a padres por no actuar ante el bullying: qué dice y cómo se aplica

Con la promulgación de la Ley Nº 8530 en la provincia de Salta, ya rige una nueva normativa que establece sanciones para padres, madres o tutores que no intervengan ante situaciones reiteradas de acoso escolar protagonizadas por sus hijos.

La ley incorpora el artículo 88 bis al Código Contravencional y apunta a reforzar la responsabilidad de los adultos en el acompañamiento, supervisión y corrección de conductas vinculadas al bullying.

Bullying: desde Anta impulsaron una de las reformas más sensibles para las familias salteñas

¿Qué sanciones prevé?
La norma establece que, si los adultos responsables no actúan pese a haber sido notificados por las autoridades, podrán recibir:

• Arresto de hasta 30 días
• Multas equivalentes
  En casos de reincidencia, las sanciones pueden duplicarse.

Además, el juez podrá disponer medidas complementarias como la asistencia obligatoria a talleres de parentalidad o tratamientos familiares.

¿Cuándo se aplica?
La intervención judicial será el último recurso. Antes deben agotarse las instancias institucionales, como:

• Intervención de la escuela
• Aplicación de protocolos de convivencia
• Acciones de mediación y acompañamiento

Solo si el adulto no colabora o incumple compromisos asumidos, se avanzará en la vía contravencional.

Es ley: sancionarán a padres por no actuar ante casos de bullying

¿Qué deben hacer las escuelas?
Para que el caso llegue a la Justicia, las instituciones educativas deberán presentar un informe que detalle:

• Los hechos de acoso y sus antecedentes
• Las medidas adoptadas
• Las notificaciones realizadas a los padres
• La falta de respuesta o incumplimientos

Un cambio clave
La nueva ley busca no solo sancionar, sino también prevenir y generar mayor compromiso familiar en la formación de los menores, entendiendo que el abordaje del bullying requiere del trabajo conjunto entre escuela, familia y Estado.

De esta manera, Salta suma una herramienta legal que apunta a fortalecer la convivencia escolar y proteger a niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo.