La Justicia intervino nuevamente el PJ de Salta y habló de “vaciamiento institucional”

La Cámara Nacional Electoral resolvió intervenir judicialmente el Partido Justicialista de Salta y designó como interventor a José Luis Napoleón Gambetta, quien tendrá a su cargo la normalización institucional del espacio y la organización del futuro proceso electoral interno.

La decisión representa un fuerte golpe político para la conducción nacional del PJ en manos del kirchnerismo y abre un nuevo capítulo en la profunda crisis interna que atraviesa el justicialismo salteño, intervenido partidariamente desde febrero de 2025, etapa que hasta ahora estaba encabezada por Pablo Kosiner.

En el fallo, la Justicia cuestionó duramente la falta de avances concretos en la normalización partidaria, la ausencia de convocatorias efectivas a elecciones internas y la prolongación de una situación excepcional que, según el tribunal, terminó afectando la vida democrática del partido y los derechos de sus afiliados.

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Los jueces hablaron incluso de un “vaciamiento institucional” dentro del PJ salteño y remarcaron que durante toda la intervención no existieron medidas verificables destinadas a restablecer el funcionamiento democrático del distrito.

La resolución judicial se produjo luego del planteo presentado por Esteban Amat Lacroix, quien solicitó la inmediata convocatoria a elecciones internas, la normalización institucional del partido y, eventualmente, una intervención judicial del distrito.

A ese reclamo también adhirieron los afiliados Gastón Galíndez y Nancy del Valle Montero, quienes pidieron garantizar el derecho de los afiliados a elegir democráticamente a sus autoridades partidarias.

En la resolución, la Cámara Electoral dispuso “decretar la intervención judicial del Partido Justicialista Distrito Salta” y ordenó que Gambetta acepte formalmente el cargo para avanzar con el proceso de reorganización institucional.

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Además, el tribunal le encomendó una misión concreta: llevar adelante la pronta normalización del PJ salteño mediante el correspondiente proceso electoral interno, que deberá desarrollarse bajo supervisión judicial.

Otro de los puntos cuestionados por la Justicia fue el cronograma manejado por la anterior intervención partidaria, que proyectaba elecciones recién para octubre de 2026, una fecha que el tribunal consideró excesivamente lejana y sin garantías reales de cumplimiento.

A partir de ahora, Gambetta deberá presentar informes quincenales ante la Justicia sobre cada una de las acciones realizadas en el proceso de normalización.

La resolución ya comenzó a generar repercusiones dentro del peronismo salteño, donde desde hace tiempo crecían las tensiones internas y las críticas hacia el manejo partidario desde Buenos Aires.