Salta lidera la cobertura de la Ley Brisa, pero persisten vacíos sobre femicidios

Un informe elaborado por Ciudadana Comunicación reveló una realidad con fuertes contrastes en Salta.

Mientras la provincia se ubica entre las que presentan mayor cobertura de la Ley Brisa (27.452), destinada a brindar una reparación económica a hijos e hijas de víctimas de femicidio, persisten importantes falencias en el registro de información oficial: en el 35% de los femicidios ocurridos entre 2021 y 2025 no se conoce públicamente si las víctimas tenían hijos o hijas.

El análisis surge del cruce de datos entre el último informe de la Jefatura de Gabinete de la Nación, actualizado a febrero de 2026, las estadísticas del Observatorio de Violencia Contra la Mujer (OVCM) y un registro periodístico propio elaborado por Ciudadana Comunicación a partir del seguimiento de los casos.

Según el relevamiento, 69 niños, niñas y adolescentes de Salta perciben actualmente el beneficio de la Ley Brisa, lo que posiciona a la provincia en el segundo lugar del país en tasa de cobertura de esta política de reparación destinada a menores que perdieron a sus madres como consecuencia de un femicidio o de hechos de violencia de género intrafamiliar.

En números absolutos, la provincia de Buenos Aires lidera el ranking con 485 beneficiarios, seguida por Santa Fe (141), Córdoba (104), Chaco (70) y Salta (69), que se ubica apenas un caso por debajo del territorio chaqueño.

No obstante, el informe advierte que estos indicadores positivos conviven con una importante deuda en materia de producción y sistematización de datos. La ausencia de información sobre la existencia de hijos e hijas en más de un tercio de los femicidios registrados en la provincia dificulta dimensionar el impacto real de la violencia de género sobre las infancias y evaluar si todas las personas con derecho a la reparación económica acceden efectivamente al beneficio.

Desde Ciudadana Comunicación señalaron que contar con registros completos y actualizados resulta fundamental para garantizar el acceso a políticas públicas de reparación y protección, además de fortalecer el diseño de estrategias orientadas a prevenir las violencias por motivos de género y asistir a las familias afectadas.