La nómina incluye a exconcejales de distintos municipios, una exgerenta hospitalaria y dos exfuncionarios de la Municipalidad de Salta. En todos los casos, la obligación pendiente corresponde a la declaración jurada por “cese de funciones”.

La transparencia también tiene una instancia después de dejar un cargo público. En Salta, once exfuncionarios mantienen pendiente la presentación de la declaración jurada patrimonial correspondiente al cese de sus funciones, según la nómina difundida oficialmente.

El listado reúne a dirigentes y exfuncionarios que se desempeñaron en distintos puntos de la provincia y permite observar que la situación no se concentra en una única administración ni en un solo ámbito de la función pública.

Ocho exconcejales aparecen en la nómina

La mayor parte de los casos corresponde a personas que ocuparon bancas en concejos deliberantes del interior provincial.

Entre ellos figuran Roberto Alejandro Ávila y Cynthia Beatriz Farfán, de Orán; Mercedes Micaela Báez Abregú, de El Quebrachal; Manuel Alberto Celiz y Jaime José Navarrete, de Embarcación; Willians Miguel García, de Rosario de Lerma; Miguel Ángel Mercado, de San Lorenzo; y Cristian Rafael Saravia, de Joaquín V. González.

A ellos se suma Mónica Graciela Sirimarco, quien se desempeñó como gerente de Atención de las Personas del Hospital Dr. Rafael Villagrán de Chicoana.

La nómina se completa con dos exfuncionarios de la Municipalidad de Salta: Guadalupe Cruz Colque, exsecretaria de Acción Social, y Aroldo Jesús Tonini, exsecretario de Servicios Públicos y Ambiente.

¿Qué tienen pendiente?

En los once casos, el documento identifica como pendiente la presentación correspondiente al “cese de funciones”.

La declaración jurada patrimonial es una herramienta de control y transparencia que permite dejar constancia de la situación patrimonial de quienes están alcanzados por las normas correspondientes.

El dato, por sí solo, no implica una acusación ni permite afirmar que exista una irregularidad patrimonial. Lo que queda registrado oficialmente es que la declaración correspondiente al momento de finalizar las funciones aún figura como pendiente.

La aparición de estos casos vuelve a poner en discusión el cumplimiento de las obligaciones que acompañan a quienes ejercen cargos públicos, incluso una vez finalizada su gestión.

Porque dejar un cargo también implica cumplir con los mecanismos de rendición y transparencia establecidos por la normativa.

Y en este caso, son once exfuncionarios de distintos puntos de Salta los que todavía tienen esa cuenta pendiente.