En Saravia piden juicio para un joven por varios hechos de violencia familiar
El hombre fue imputado por hechos de amenazas, desobediencia judicial e incluso delitos contra la propiedad en perjuicio de su madre y demás familiares.
La medida se concretó por disposición del juez de Metán, Sebastián Fucho, en el marco de un amparo, por no reparar la ruta nacional 9/34.
Judiciales01/08/2024Por Expresión del SurEste miércoles, la Justicia de Metán dispuso embargar el 40% de la recaudación diaria de la empresa Corredores Viales S.A, encargada del cobro del peaje en Cabeza de Buey, por no cumplir con la reparación del tramo San José de Metán-Yatasto, unos 12 kilómetros, en muy mal estado, de la ruta nacional 9/34, en el sur de la provincia de Salta.
En el pasado mes de abril, el juez del Tribunal de Juicio, Sebastián Fucho, dispuso imponer a la compañía prestataria, la aplicación de astreintes diarios de $2.500.000 por el incumplimiento de una resolución dictada en el marco de un recurso de amparo. La medida no prosperó porque la empresa estatal, dependiente del Gobierno Nacional, dejó de utilizar sus cuentan bancarias.
Por ese motivo, en la mañana de este miércoles, la secretaria de ese Tribunal, la abogada Valeria García, junto con una jueza de paz de General Güemes y una martillera de Metán, se hicieron presentes en la estación de peaje para concretar la nueva medida.
“Se ha dispuesto trabar el embargo del 40% de la recaudación diaria de las cabinas de peaje de Cabeza de Buey, por no cumplir con una resolución judicial en la que se dispuso reparar un tramo, en muy malas condiciones, de la ruta nacional 9/34, en la zona de Metán”, confirmó el juez Fucho a El Tribuno.
En una primera etapa, la medida se hará efectiva hasta cubrir el monto de $75.000.000, más los accesorios legales por $15.000.000. El dinero tiene que ser depositado en una cuenta judicial y la lógica indica que debería ser invertido en la reparación de la transitada y deteriorada ruta, ante el incumplimiento de Corredores Viales S.A.
El hombre fue imputado por hechos de amenazas, desobediencia judicial e incluso delitos contra la propiedad en perjuicio de su madre y demás familiares.
El reclamo judicial por la cuota alimentaria comenzó en 2005. Lo comenzó la madre y su expareja fue condenado por entonces a pagar el 50% del salario mínimo vital y móvil.
La víctima, Octavio Julián Luna, murió apuñalada con múltiples heridas en el cuello, causadas por un ataque sorpresivo.
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