En una solicitada, los partidos denunciaron que estas acciones van en contra de la justicia y los principios constitucionales, y exigieron una legislación que castigue la apología del genocidio.
Actualidad29/08/2024
Por Expresión del Sur
Los partidos Memoria y Movilización Social – Salta, Movimiento Libres del Sur – Salta, Partido Justicialista de Salta, Partido F.E.L.I.C.I.D.A.D., Partido del Trabajo y la Equidad – Salta, y Movimiento Evita – Salta expresaron un enérgico rechazo a las recientes visitas realizadas por algunos legisladores nacionales a genocidas actualmente encarcelados. Estos legisladores están promoviendo un proyecto de ley que busca otorgar beneficios a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
La solicitada firmada por estas agrupaciones denuncia que las visitas de los legisladores a los genocidas no solo son inapropiadas, sino que también socavan el principio de justicia y el deber de proteger los derechos de las víctimas. Los partidos enfatizan que estos genocidas cometieron graves violaciones a la Constitución Nacional y a los derechos humanos, incluyendo secuestros, torturas, y desapariciones forzadas durante la dictadura militar.
El documento señala que las condenas impuestas a los genocidas han sido revisadas y confirmadas por múltiples instancias judiciales y tribunales internacionales, incluidos organismos de justicia en países como Francia y España. Por lo tanto, cuestionar la validez de estas sentencias es, según los firmantes, una falta de respeto hacia el sistema judicial y una grave subestimación de la memoria colectiva de la sociedad argentina.
Los partidos políticos destacan que los genocidas ya han tenido acceso a todos los recursos legales, incluidas defensas gratuitas, y que muchos han sido beneficiados con prisión domiciliaria. En este contexto, el impulso de una ley para otorgarles más beneficios resulta inaceptable y contrario a los intereses del pueblo argentino, además de comprometer la reputación del país en el ámbito internacional.
Como alternativa, los firmantes sugieren la creación de una ley que condene la apología del genocidio, siguiendo el modelo de países europeos que enfrentan el pasado de manera firme. Esta propuesta busca fortalecer el compromiso con la justicia y el respeto por los derechos humanos, garantizando que la memoria de las víctimas no sea ninguneada por intentos de amnistía para los perpetradores.
Con esta posición, los partidos exigieron que las autoridades nacionales actúen en concordancia con los principios democráticos y constitucionales.
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