Escándalo en el Pami de Tucumán: Sospechan sobrefacturación por 2500 millones

En Tucumán, un centro médico sin prestaciones de alta complejidad, le facturó al PAMI 2500 millones de pesos en ocho meses. El escándalo involucra a funcionarios libertarios y también al bussismo, aliado de Javier Milei en la provincia. Sectores de Fuerza Republicana presionaron para acallar la denuncia, publica hoy LPO.

Sanarte SRL es un centro de servicios médicos de baja complejidad y está a cargo de Guillermo Isa Massa. Ubicado en San Miguel de Tucumán, atiende a pacientes de PAMI. Desde el triunfo de Milei, la facturación del centro aumentó un 440%.

En noviembre de 2023, el centro médico le había facturado $42 millones a los afiliados de PAMI. Un mes más tarde, tras el comienzo de la gestión libertaria, ese número aumentó a $228 millones. En julio de 2024 la cuenta del PAMI alcanzó los $497 millones.

Si se compara con el mismo período de 2023, Sanarte facturó casi 50 veces más a la obra social de los jubilados.  "No hay manera de que facturen eso, menos con las prestaciones que tienen", dijo una fuente del sector al sitio porteño. 

Luego de una auditoría se descubrió que el centro médico realizaba sobre prestaciones de prácticas que nunca se llevaban a cabo, además de sobre prescribir medicamentos cuyo destinatario final se desconoce.

Además de las sospechas de sobrefacturación al Estado, las maniobras de Sanarte hacían que los pacientes de PAMI consumieran las prácticas y recetas que tenían disponibles para todo el mes. Esto es especialmente grave porque el ajuste estructural del Pami que lleva adelante el gobierno de Milei, está dejando a muchos jubilados sin poder comprar sus remedios.

El posible desfalco aún no se hizo público, pero ya se llevó puesto a Martín Fernández González, un funcionario cercano a Bussi que llegó en mayo de este año a manejar Pami Tucumán. Mariano Usandivaras, otro hombre vinculado a Fuerza Republicana había asumido la conducción del organismo a fin de febrero y tuvo que renunciar a los dos meses.

Lo más extraño es que luego de encargar las auditorías a través de sus funcionarios, el diputado provincial intentó ocultar los resultados. Dirigentes del bussismo se encargaron de presionar para que los lapidarios informes contra Sanarte no salieran a la luz, lo mismo hicieron gremios vinculados al centro médico.

Entre los prestadores privados hay preocupación porque creen que para ponerse a resguardo del escándalo que se avecina, el gobierno nacional frenará los pagos a todo el sector.