En declaraciones, el fiscal federal Eduardo Villalba sostuvo que el único detenido, hasta ahora, por lo que ya se considera un homicidio con alevosía de María Cash, “se comportó como culpable”. También habló de una connivencia entre el entorno del camionero, buscando que “se rompa el pacto de silencio”, para poder dar respuesta a la familia de la diseñadora.
Judiciales04/12/2024
Por Expresión del Sur
De esta manera definió la declaración efectuada por Héctor Romero al día siguiente de quedar detenido. “Creemos que dio una declaración mentirosa, inexacta y, en todo momento, trató de aferrarse a las declaraciones de personas que ya nosotros tenemos comprobado que desviaron la investigación”, sostuvo el funcionario.
También hizo referencia a que se declaró inocente, aunque “claramente se comporta como un culpable y cada vez tenemos la sensación de que no nos dice la verdad”.
Al respecto, Villalba subrayó como llamativa la descripción que Romero hizo de María Cash, enfocándose en su vestimenta y destacando especialmente las botas, pero sin mencionar su rostro. Esto resulta sorprendente, considerando que, según su testimonio, habría transportado a la joven durante un trayecto de aproximadamente ocho kilómetros.
“Notoriamente miente cuando dice que la dejó cerca de la Difunta Correa, pues nadie más la vio en ese momento, a lo que se suman otras inconsistencias en sus viajes, sobre todo a la alteración de horarios y a su rutina el 8 de julio”, dijo.
Actualmente, se avanza en el pedido de la Fiscalía para realizar nuevos rastrillajes, en los cuales se prevé la participación del imputado Romero.
Se ha solicitado a la jueza Mariela Giménez que autorice una inspección ocular con la participación del imputado Romero, basada en sus declaraciones. “Se busca que precise dónde levantó a María Cash y dónde la dejó, ya que, según nosotros, estos puntos no coinciden con las constancias de la causa, especialmente respecto a los lugares existentes en aquel momento”, explicó el fiscal Villalba.
Además, indicó que se pidió realizar rastrillajes en una zona identificada como plausible para el posible descarte del cuerpo. “Este despliegue requerirá tiempo”, concluyó. El operativo podría llevar entre una y dos semanas, pues se debe analizar cuáles son los campos a rastrillar y tomar los recaudos constitucionales para ingresar a esos lugares, ya que son propiedad privada.
Por otra parte, Villalba señaló que los testigos de entonces estarían recibiendo recomendaciones de no modificar sus declaraciones y de repetir lo que afirmaron hace trece años. Incluso el propio camionero imputado estaría actuando de esta manera, lo que, según la fiscalía, no resulta compatible con el comportamiento de una persona inocente, que no tendría razones para ocultar información ni para sugerirle a su entorno cómo declarar. “Desde la fiscalía creemos que existen fuertes indicios de una connivencia”, concluyó.
Destacó que con el trabajo interdisciplinario la esperanza es darle una respuesta a la familia y que se quiebre el pacto de silencio que se vio fortalecido por las falsas denuncias, voluntarias e involuntarias, que llevaron a la búsqueda rápidamente en un sentido erróneo. Cuando la justicia provincial remitió la causa a la órbita federal, en definitiva, ayudó a poner a buen resguardo a los que intervinieron en el último traslado de María.
La causa tuvo momentos de desazón, tal como ocurrió hace dos años, según declaró el fiscal al sitio fiscales.gob. “Hace dos años habíamos llegado a un punto muerto de la investigación, en el que directamente no había ningún plan de trabajo ni tampoco decir por dónde seguía la búsqueda. (Nuevo Diario)
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