
Río Piedras: un hombre fue imputado por abuso sexual agravado contra una menor
La actuación se originó a partir de una denuncia radicada por un familiar de la víctima.

La justicia federal sumó conversaciones entre el diputado y su equipo, que lo vincularían con la creación y gestión de cuentas dedicadas a la difusión de contenido difamatorio en Salta.
Judiciales25/02/2025
Por Expresión del Sur
La investigación por intimidación pública y uso de recursos del Estado para la difusión de noticias falsas contra el diputado nacional Emiliano Estrada sumó nuevas pruebas. La justicia federal incorporó documentos con cerca de 200 páginas de chats y capturas de pantalla que vincularían al legislador con la operación de cuentas anónimas en redes sociales utilizadas para difamar a políticos, empresarios y periodistas de Salta.


La causa, que tramita en la justicia federal desde diciembre de 2024, investiga la presunta existencia de una "usina de fake news" financiada con recursos públicos. Estrada, junto a otras cuatro personas, está imputado por haber coordinado la creación y administración de perfiles anónimos para la difusión de contenido con el fin de influir en la opinión pública y perjudicar a dirigentes políticos y empresarios.

Según el material incorporado, Estrada habría dado directrices sobre la producción de videos, la validación de posteos, la administración de los perfiles y la organización de su distribución en redes sociales. En los chats, se menciona la creación de la cuenta El Desenmascarador en 2024, que luego cambió de nombre y fue utilizada como plataforma para la publicación de contenido. También se habría implementado una estrategia para desviar sospechas sobre los verdaderos responsables de la operación, evitando atacar al oficialismo nacional para generar confusión.

Otro de los elementos clave bajo análisis es la supuesta simulación de ataques contra el propio Estrada y Fernando Yarade, con el fin de despistar sobre el origen de las publicaciones. Además, se investiga si se utilizó dinero de sueldos del Congreso de la Nación para financiar la estructura de difusión.
La causa sigue en curso y la incorporación de esta nueva evidencia podría ser determinante para el futuro procesal del legislador y de los demás imputados.

La actuación se originó a partir de una denuncia radicada por un familiar de la víctima.

El acusado admitió su responsabilidad antes del inicio del juicio y recibió una pena de 10 años y 6 meses de cárcel efectiva. Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2023 y tuvieron como víctimas a menores de entre 7 y 16 años en distintos barrios de la capital salteña.

La mediación continúa fortaleciendo su rol como un mecanismo fundamental para la resolución pacífica de conflictos en la provincia de Salta, brindando a la ciudadanía una alternativa ágil, y confidencial.



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