Diez trabajadores rurales que prestaban servicios en una finca de Joaquín V. González recibieron una reparación económica de 1,5 millón de pesos cada uno, tras un acuerdo judicial que puso fin a una causa por trata laboral.
Judiciales24/06/2025
Por Expresión del Sur
En el marco de una causa judicial iniciada a fines de 2023, diez trabajadores rurales víctimas de trata con fines de explotación laboral en una finca de Joaquín V. González cobraron un total de 15 millones de pesos en concepto de reparación. El acuerdo de conciliación, considerado una “salida superadora” por las partes intervinientes, fue homologado por la Justicia Federal en mayo pasado.
La investigación se inició el 9 de noviembre del año pasado, tras una inspección conjunta de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima, que relevó las condiciones de trabajo de una cuadrilla contratada para tareas de desmonte en la finca “Suri Blanco”. Durante el operativo, se constató que los empleados no contaban con indumentaria ni herramientas adecuadas, y que vivían hacinados en una casilla sin acceso a agua potable ni condiciones mínimas de higiene.
Los trabajadores señalaron que habían sido trasladados desde Las Lajitas y que se les descontaban 30 mil pesos del pago quincenal de 100 mil pesos, en concepto de alimentos provistos por el mismo empleador. Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía Federal, a cargo de Ricardo Toranzos e Ignacio Irigoyen, imputó penalmente al responsable por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado.
El proceso avanzó bajo los lineamientos del nuevo Código Procesal Penal Federal, que habilita mecanismos de conciliación penal como vía alternativa de resolución, siempre que se garantice la reparación del daño y el respeto por los derechos de las víctimas. En este caso, se acordó un pago de $1.500.000 para cada trabajador, monto que fue abonado en su totalidad tras la audiencia de conciliación.
El acuerdo fue respaldado por el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, quien destacó que “no se trata de una simple transacción económica, sino de una reparación concreta que evita un litigio extenso, sin dejar de reconocer la gravedad del hecho ni el daño sufrido por los trabajadores”. También resaltó la diligencia del Ministerio Público Fiscal y el cumplimiento de los principios de objetividad y proporcionalidad.
Por su parte, la defensa del imputado consideró el acuerdo “razonable” y enmarcado en una resolución de conflicto ajustada a derecho. En ese sentido, el juez federal de Garantías N.º 1 de Salta, Julio Bavio, homologó el acuerdo y valoró que se haya alcanzado en un marco de armonía entre las partes, priorizando la restitución del derecho vulnerado.
La causa representa un antecedente importante en materia de justicia laboral y derechos humanos, y se enmarca en el abordaje integral de los casos de trata de personas, mediante la articulación entre organismos judiciales, administrativos y sociales.
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