Más de 800 docentes de la provincia quedaron envueltos en una situación irregular tras cursar capacitaciones que no contaban con aval oficial.
Actualidad30/12/2025
Por Expresión del Sur
Al menos 800 educadores de Salta se encuentran en situación de incertidumbre luego de haber participado en una capacitación ofrecida por una empresa que, posteriormente, se comprobó, no contaba con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación ni convenios con la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina.
La irregularidad pone en riesgo puntajes, horas cátedra y posibles nombramientos o titularidades de los docentes que, confiando en la validez del curso, abonaron los aranceles correspondientes. La empresa, que se presentaba con supuestos avales institucionales y referencias del ámbito educativo, habría simulado legitimidad académica, generando un perjuicio directo sobre los legajos de los profesionales.
Al enterarse de la situación, los afectados iniciaron denuncias penales por estafa y presentaciones administrativas, respaldadas por documentación que incluye recibos, comprobantes de pago y denuncias policiales.
Desde la Junta de Calificación se informó que algunas capacitaciones llegaron a ser computadas inicialmente, lo que refuerza la complejidad del caso. Sin embargo, se advierte que algunos docentes ya fueron notificados sobre posibles sanciones sin haber tenido oportunidad de presentar descargos, lo que contraviene garantías constitucionales de debido proceso.
El equipo legal que representa al grupo, integrado por los Dres. Emilio Ruiz y Nilda Ferreyra, trabaja para que se considere la situación particular de cada educador antes de cualquier medida administrativa y se asegure la equidad en el tratamiento del caso. “Se trata de trabajadores que fueron víctimas de un fraude; pedimos que se respete el derecho a ser escuchados y que la administración actúe con transparencia y justicia”, señalaron los letrados.
Los docentes afectados solicitan un espacio de diálogo con las autoridades educativas para resolver la situación de manera justa, priorizando la protección de quienes dedican su carrera a la enseñanza.
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