La alarmante suba de adicciones reactivó en Salta el proyecto de emergencia impulsado por Navarro

La creciente preocupación por el avance de los consumos problemáticos en Salta volvió a instalarse con fuerza en el Senado provincial, donde este martes se reactivó el debate por la Ley de Emergencia Socio-Sanitaria impulsada por la senadora por Anta, Alejandra Navarro.

La legisladora volvió a poner sobre la mesa un proyecto que ya había avanzado durante 2025, pero que ahora recupera centralidad ante un escenario cada vez más crítico, con más demanda sanitaria, falta de dispositivos en el interior y una presión creciente sobre hospitales, guardias y centros de atención.

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La reunión fue convocada por las comisiones de Adicción, Tráfico y Consumo Ilícito de Drogas y de Salud y Seguridad Social, que recibieron a autoridades de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones y de la Coordinación Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos (CIPAC).

Una crisis que ya golpea al sistema

Uno de los datos que más preocupación generó fue el expuesto por el secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, quien informó que la demanda en salud mental creció 35% respecto al período anterior.

Según los datos oficiales, durante 2025 se registraron 88.074 consultas externas, 10.234 atenciones por guardia y 3.460 internaciones, con una incidencia cada vez más fuerte de los consumos problemáticos en los cuadros más complejos.

El dato más alarmante surgió en las hospitalizaciones: allí, los casos vinculados a consumos problemáticos representaron el 35,14% del total, lo que expone con crudeza cómo esta problemática dejó de ser un tema periférico para convertirse en una presión directa sobre el sistema público de salud.

Además, se informó que 1.687 pacientes recibieron atención especializada, entre tratamientos ambulatorios, centros de día y residencias.

Navarro volvió a poner el foco en la emergencia

En ese contexto, la senadora Alejandra Navarro reimpulsó el proyecto que propone declarar la Emergencia Socio-Sanitaria por consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en toda la provincia por el plazo de dos años.

La iniciativa busca darle al Ejecutivo herramientas para reestructurar partidas presupuestarias, ampliar la asistencia, fortalecer equipos interdisciplinarios en los municipios y mejorar la capacidad de respuesta en todo el territorio.

Navarro advirtió que el crecimiento del consumo ya no puede seguir siendo abordado con respuestas parciales y remarcó que el problema golpea con fuerza especialmente al interior provincial, donde muchas familias deben afrontar enormes dificultades para sostener tratamientos o acceder a atención especializada.

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Uno de los puntos más sensibles que ya había planteado la legisladora desde el año pasado es la falta de centros de tratamiento y rehabilitación fuera de la Capital, una realidad que obliga a muchos pacientes a trasladarse largas distancias para recibir asistencia.

En departamentos extensos como Anta, esa situación se vuelve todavía más dura, tanto por la distancia como por el costo económico que implica para familias que muchas veces ya están atravesadas por contextos de vulnerabilidad.

Más prevención, más territorio y más recursos

Durante la reunión también se expusieron algunos de los ejes que el Gobierno provincial prevé fortalecer este año a través de la CIPAC, entre ellos el trabajo territorial en los municipios, la detección temprana de casos, campañas de comunicación responsable, inclusión juvenil y articulación con el sistema educativo.

Sin embargo, varios legisladores coincidieron en que la magnitud del problema exige medidas más concretas, más recursos y una red de contención mucho más sólida, sobre todo en el interior.

Entre los planteos surgidos durante la jornada, se insistió en la necesidad de escuchar a los equipos de salud locales, dotar a hospitales del interior de protocolos de desintoxicación, incluir también el alcoholismo dentro del abordaje y reforzar gabinetes psicopedagógicos y dispositivos comunitarios.

Un debate que vuelve con más urgencia

Aunque el proyecto de Navarro ya había dado pasos legislativos en 2025, el agravamiento de la situación volvió a ponerlo en primer plano.

La conclusión que dejó el encuentro fue clara: el crecimiento de los consumos problemáticos ya exige una respuesta más rápida, más territorial y con mayor respaldo presupuestario.

Por eso, el Senado resolvió avanzar en paralelo con el análisis del proyecto de emergencia, en un intento por acelerar una herramienta que permita fortalecer la prevención, el tratamiento y la asistencia en toda la provincia.

En una Salta donde los casos aumentan y la red de contención sigue mostrando límites, la discusión ya no pasa solo por si el problema existe, sino por cuánto más se va a esperar para responder a una crisis que ya golpea de lleno a miles de familias.