La senadora Betina Navarro encabezó el debate para avanzar en una ley que impida que personas acusadas por abuso accedan a cargos docentes o no docentes en Salta.
Interés General20/11/2025
Carolina Saravia
El Senado de Salta inició esta semana el análisis de una propuesta que busca fortalecer los mecanismos de seguridad dentro del sistema educativo. El proyecto, encabezado por la senadora Betina Navarro, apunta a impedir que personas imputadas o condenadas por delitos graves accedan a cargos docentes o no docentes.
Navarro, autora de la iniciativa, planteó la necesidad de actualizar el artículo 1° de la Ley Provincial Nº 8471, tomando como base situaciones concretas que se repiten en diferentes instituciones y que exigen una respuesta legislativa. “Debemos garantizar que ningún alumno quede expuesto a personas que tengan antecedentes por delitos dolosos. El resguardo de nuestros niños, niñas y adolescentes es prioritario”, sostuvo durante el encuentro.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por Dani Nolasco, abrió una ronda de consultas para evaluar los alcances del proyecto. Participaron los senadores Walter Cruz, Sonia Magno, Leopoldo Salva y autoridades del Ministerio de Educación: el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, y el secretario de Asuntos Jurídicos, Gustavo Guanca.
La iniciativa propone impedir el ingreso o la permanencia en el sistema educativo de personas imputadas por delitos contra la integridad sexual, así como de quienes tengan condenas por delitos dolosos, ampliando el marco de prevención vigente. Desde Educación valoraron el enfoque y remarcaron la necesidad de establecer criterios claros sobre qué figuras penales deberían ser consideradas para la restricción.
Durante el debate, los legisladores expusieron casos recientes que revelan fallas en los controles y que motivan la revisión del marco legal. También se destacó el impacto que generan estas situaciones en las comunidades pequeñas, donde el traslado de docentes denunciados suele reproducir los conflictos en otras instituciones.
Navarro insistió en que el desafío es avanzar hacia una regulación equilibrada, que proteja a los estudiantes sin vulnerar derechos y permita al Estado actuar con mayor eficacia ante situaciones sensibles. “Lo que buscamos es simple: que ninguna persona con antecedentes penales graves esté al frente de nuestros alumnos”, reafirmó.
La comisión continuará trabajando con otros actores del sistema educativo para consolidar un proyecto que brinde mayores garantías a toda la comunidad escolar.
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