“Cobran menos que la canasta básica”: mira cuanto es el salario docente universitario

La crisis salarial en las universidades públicas argentinas ya muestra números alarmantes y un impacto que preocupa cada vez más. Mientras miles de docentes sostienen clases, investigaciones y formación profesional en todo el país, los salarios quedaron muy por detrás de la inflación y, en muchos casos, incluso por debajo de la línea de pobreza.

Según datos difundidos por la Universidad de Buenos Aires, más de 10 mil docentes universitarios renunciaron a sus cargos desde que comenzó el fuerte ajuste presupuestario sobre el sistema educativo superior.

Desde la institución aseguran que el presupuesto universitario sufrió una caída real del 45,6% desde la asunción del presidente Javier Milei, mientras que la pérdida salarial acumulada de los docentes ya supera el 35%.

Pero los números de los haberes son los que terminan reflejando con crudeza la situación.

Actualmente, un profesor titular con dedicación exclusiva —es decir, unas 40 horas semanales— cobra alrededor de 1,5 millones de pesos sin antigüedad. Aunque parece una cifra elevada, apenas supera la canasta básica total para una familia tipo.

La realidad se vuelve todavía más dura en los cargos inferiores. Un ayudante de primera con jornada completa percibe cerca de 885 mil pesos mensuales, mientras que quienes tienen dedicación simple, equivalente a unas 10 horas semanales, cobran salarios que van desde los 177 mil hasta los 395 mil pesos.

Es decir, muchos docentes universitarios hoy ganan cifras que no alcanzan para cubrir gastos básicos, pese a tratarse de profesionales con años de formación académica y enorme responsabilidad educativa.

La crisis también golpea a los investigadores. Según los datos difundidos, quienes recién comienzan en el sistema científico cobran poco más de 1,2 millones de pesos, pese a desempeñar tareas altamente especializadas y extensas jornadas de trabajo.

Estudiantes y docentes salteños se sumaron a la Marcha Federal Universitaria

El conflicto tiene además un fuerte componente político y judicial. La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el año pasado, fue vetada por el Gobierno nacional, aunque posteriormente ambas cámaras rechazaron ese veto y ratificaron la norma.

Sin embargo, las universidades denuncian que la ley todavía no se cumple plenamente y que los artículos vinculados a la recomposición salarial siguen sin aplicarse.

Mientras el expediente continúa en la Corte Suprema, rectores y autoridades universitarias advierten que la situación podría agravarse aún más si no aparece una solución inmediata.

“Si no vale una ley aprobada por el Congreso, y tampoco lo que ordena la Justicia, que valga la voz del pueblo”, expresó Franco Bartolacci, uno de los referentes universitarios que viene reclamando una respuesta urgente frente al deterioro salarial del sector.