El Gobierno impulsa una nueva ley para financiar universidades y busca cerrar el conflicto salarial

El Gobierno nacional confirmó que volverá a impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario, aun cuando avance el acuerdo que negocia con las universidades públicas para recomponer salarios y actualizar partidas presupuestarias durante 2026.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para discutir el financiamiento del sistema universitario dentro del Presupuesto 2027, en medio de un conflicto que mantiene en alerta a docentes, no docentes y estudiantes de todo el país.

La novedad surge mientras la administración de Javier Milei y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas, buscan cerrar un acuerdo destinado a mejorar los recursos del sector y descomprimir la tensión generada por los reclamos salariales y presupuestarios.

Según trascendió, la propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33%, con un incremento del 21,33% a partir de junio y otro 3% en octubre. Además, incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

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Sin embargo, el acuerdo económico no pondrá fin al debate judicial. Las universidades mantendrán la demanda presentada ante la Corte Suprema para exigir la aplicación de la actual Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Gobierno sostiene que esa norma genera gastos sin definir claramente las fuentes de financiamiento.

Desde la Casa Rosada consideran que la discusión debe darse dentro del marco general del Presupuesto nacional, donde también se analizan las prioridades de gasto del Estado y las metas fiscales.

La situación es seguida de cerca por las universidades del interior, entre ellas la Universidad Nacional de Salta (UNSa), que en los últimos meses advirtió sobre las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema y el impacto que podrían tener los recortes en el normal desarrollo de las actividades académicas.

El debate cobra especial relevancia luego de que el Gobierno aplicara recientemente una reducción presupuestaria cercana a los $2,5 billones, que incluyó partidas vinculadas a educación, infraestructura universitaria y distintos programas nacionales.

Mientras continúan las negociaciones, estudiantes, docentes y autoridades universitarias esperan definiciones que permitan garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios y brindar previsibilidad para el próximo ciclo académico.