Un conflicto judicial originado por la presunta ocupación ilegal de tierras en Joaquín V. González encontró una vía de solución mediante un proceso de mediación penal, mecanismo que permitió alcanzar un acuerdo entre los propietarios del inmueble y las personas denunciadas, evitando la continuidad de otras etapas del proceso.

La causa es investigada por la Fiscalía Penal N°1 de Joaquín V. González, a cargo de la fiscal María Celeste García Pisacic, y se inició a partir de una denuncia presentada por titulares registrales de un terreno ubicado en esa ciudad, quienes señalaron la ocupación de distintos sectores del inmueble por parte de un grupo de personas.

Según se informó, las áreas en cuestión habían sido identificadas por sus ocupantes con las denominaciones "Eva Perón" y "Nazareno", en el marco de una investigación vinculada a la presunta comisión del delito de usurpación.

Un hombre fue detenido en Metán por el robo de elementos de una institución

La instancia de mediación estuvo a cargo de la mediadora penal del Ministerio Público Fiscal, Viviana Sosa, y contó con la participación de denunciantes, denunciados y una representante legal de la Municipalidad de Joaquín V. González.

Como resultado de las audiencias desarrolladas, las partes lograron consensuar un acuerdo respecto de 19 hectáreas del inmueble involucrado en la controversia. De acuerdo con el seguimiento efectuado por los organismos intervinientes, el entendimiento alcanzado se encuentra en proceso de cumplimiento conforme a las condiciones establecidas.

Desde la Fiscalía se destacó la importancia de la mediación penal como una herramienta orientada a la resolución alternativa de conflictos, especialmente en aquellos casos en los que las circunstancias permiten arribar a soluciones consensuadas entre las partes involucradas, evitando una mayor judicialización del litigio.

En Salta, este mecanismo fue incorporado al sistema procesal tras la reforma del Código Procesal Penal, posicionándose entre las primeras jurisdicciones del país en adoptar procedimientos de resolución consensuada dentro del ámbito penal. Actualmente, el Ministerio Público Fiscal cuenta con oficinas de mediación en distintas fiscalías descentralizadas del distrito Centro y en gran parte del interior provincial, con el objetivo de facilitar el acceso a este tipo de instancias.