La última vez que Lidia Guerrero pudo abrazar a su hijo fue en julio de 1996. Víctor Hugo Saldaño acababa de ser condenado a muerte en Texas y las autoridades le permitieron permanecer unos minutos con él antes de trasladarlo. Desde entonces, cada encuentro estuvo separado por un vidrio.

Saldaño es el único ciudadano argentino condenado a la pena capital en Estados Unidos. Lleva casi tres décadas encerrado en el corredor de la muerte por el secuestro, robo y asesinato de Paul Ray King, un vendedor de computadoras de 46 años. Su responsabilidad penal quedó firme, pero el procedimiento utilizado para imponerle la ejecución fue cuestionado por discriminación racial, deficiencias en la defensa y el deterioro de su salud mental.

El caso llegó a la Corte Suprema norteamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta el Papa Francisco, quien recibió en dos oportunidades a la madre del condenado. La intervención internacional logró frenar distintos avances sobre la ejecución, pero no consiguió que la pena fuera conmutada.

El capítulo más reciente se produjo el 22 de junio de 2026. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar una presentación destinada a establecer si Saldaño tiene una discapacidad intelectual que, según la Constitución de ese país, impediría ejecutarlo. La solicitud tenía el respaldo de su defensa y, en un hecho poco habitual, también de los fiscales del condado que había obtenido la condena.

Un adolescente que dejó Córdoba para recorrer el continente

Antes del crimen y del expediente que lo convertiría en el argentino más antiguo dentro del corredor de la muerte, Saldaño era “Huguito” para su familia. Creció en Córdoba junto con sus hermanos y fue criado por su madre, empleada pública, después de que su padre se radicara en Brasil.

Lidia lo recordó como un chico tímido, introvertido, solitario y muy influenciable. Según contó en distintas entrevistas, era buen alumno durante los primeros años, le gustaba la música y llegó a ingresar a un conservatorio. Su rendimiento escolar comenzó a decaer durante el secundario, repitió un año y finalmente abandonó los estudios.

También pasó algunos meses en la Escuela de Mecánica de la Armada. A su familia le dijo que le habían dado la baja, aunque años después Lidia supo que se había retirado por decisión propia.

A los 17 años se fue de su casa. Primero viajó a Villa María y después siguió a dedo hasta Salta, donde habría conseguido trabajo en un taller mecánico. Más tarde llegó a Brasil para buscar a su padre, a quien encontró y con quien convivió durante un tiempo.

El viaje continuó por distintos países de América del Sur y Central. Pasó por Brasil, las Guayanas, Venezuela, Colombia y México. Se mantenía con trabajos temporarios y enviaba cartas o postales a Córdoba, aunque evitaba consignar una dirección que permitiera ubicarlo.

“Escribía, pero nunca ponía la dirección”, contó su madre. Cuando todavía era menor, Lidia recurrió a la Policía Federal para intentar localizarlo. El joven, sin embargo, siguió viajando. Durante su paso por Colombia habría formado una pareja y, posteriormente, ingresó de manera irregular a Estados Unidos desde México.

Vivió primero en Nueva York, donde trabajó en tareas ocasionales, y luego se instaló en Texas. Habían pasado cerca de siete años desde la última vez que su madre lo había visto.

La reconstrucción de esa etapa cobró una nueva importancia judicial muchos años después. Abogados de la Oficina de Recursos Penales y Forenses de Texas viajaron a Córdoba, hablaron con familiares y personas que lo conocieron, recorrieron sus escuelas y analizaron su comportamiento durante la infancia y la adolescencia. Ese trabajo fue utilizado para sostener que sus limitaciones intelectuales no comenzaron en prisión, sino que estaban presentes antes del homicidio.

El secuestro y asesinato de Paul King

El 25 de noviembre de 1995, Saldaño y el ciudadano mexicano Jorge Chávez abordaron a Paul Ray King en el estacionamiento de un supermercado de Plano, una ciudad ubicada al norte de Dallas.

De acuerdo con el expediente judicial, lo amenazaron con un arma, lo obligaron a ingresar en su vehículo y lo llevaron hasta un sector próximo al lago Lavon. Allí le quitaron 50 dólares y un reloj antes de matarlo de cinco disparos.

Saldaño fue detenido con el arma y el reloj de la víctima en su poder. Ese mismo día declaró en castellano ante el detective Jay Domínguez y dos testigos. Según las actuaciones examinadas posteriormente por la Comisión Interamericana, renunció a contar con un abogado durante esa declaración y admitió haber participado en el homicidio.

En una primera carta enviada a Córdoba contó una historia distinta. Habló de una organización vinculada con el narcotráfico, una casa rodeada por policías y un enfrentamiento armado. Su madre describió aquel relato como una “película de narcos” que no coincidía con lo sucedido.

Dos años después de la condena, Lidia le preguntó directamente por qué habían matado a King. Según relató, su hijo respondió: “Nosotros no queríamos matar, queríamos el auto. Él nos quiso quitar el arma y nos asustamos”.

Chávez confesó su participación y fue condenado a prisión perpetua. Saldaño, en cambio, afrontó un juicio por homicidio capital, figura que en Texas habilita la imposición de la pena de muerte.

La madre que pidió perdón a la familia de la víctima

Lidia Guerrero nunca negó el crimen ni presentó a su hijo como una víctima inocente. Cuando viajó a Texas para el primer juicio, saludó a la esposa y al hijo de Paul King y les pidió perdón en nombre de Víctor.

“Más injusto es lo que le pasó a King”, expresó en una entrevista publicada en febrero de 2026. También reconoció que un asesinato es un hecho terrible y que su dolor alcanzaba tanto a su propia familia como a la de la víctima.

Su reclamo se concentró desde el comienzo en otra cuestión: que Saldaño recibiera un proceso sin discriminación y que la condena por el homicidio no terminara en una ejecución.

La noticia de la detención había llegado a Córdoba a través de un abogado de oficio. Lidia concurrió a la Cancillería argentina y, con asistencia legal, viajó a Estados Unidos en junio de 1996. Llevó certificados escolares y antecedentes personales porque la defensa debía demostrar que su hijo podía ser rehabilitado.

El juicio comenzó el 8 de julio de 1996. Tres días más tarde, el jurado declaró a Saldaño culpable. La etapa siguiente debía establecer si recibiría prisión perpetua o la pena capital.

Cuando escuchó la sentencia, Lidia intentó acercarse, pero no se lo permitieron. Al día siguiente pudo permanecer unos minutos con él antes de que fuera llevado al corredor de la muerte. Fue la última vez que pudo tocarlo.

La raza utilizada como argumento para condenarlo a morir

La legislación de Texas exigía que el jurado considerara probable que Saldaño cometiera nuevos hechos violentos y representara una amenaza permanente para la sociedad. Para sostener esa llamada “peligrosidad futura”, la Fiscalía convocó al psicólogo clínico Walter Quijano, exfuncionario del sistema penitenciario.

El especialista enumeró distintos factores que, según su criterio, debían analizarse. Entre ellos incluyó la raza y el origen étnico. Ante el jurado sostuvo que las personas negras e hispanas estaban sobrerrepresentadas en las cárceles norteamericanas.

Quijano no había entrevistado personalmente a Saldaño. La defensa pública, además, no objetó sus afirmaciones. El jurado las escuchó antes de decidir, por unanimidad, que el argentino debía recibir una inyección letal.

El 12 de septiembre de 1996, Saldaño ingresó formalmente al corredor de la muerte. Tenía 24 años.

El planteo racial se convirtió en el principal argumento contra la pena. La controversia no modificaba la responsabilidad penal por el homicidio de King, sino la legalidad de haber utilizado el origen latino del acusado para concluir que merecía ser ejecutado.

La primera condena fue anulada

La Corte de Apelaciones Criminales de Texas confirmó inicialmente la sentencia. Consideró que el cuestionamiento racial no podía ser tratado porque los abogados de Saldaño no habían objetado el testimonio durante el juicio.

El expediente llegó después a la Corte Suprema de Estados Unidos. En una decisión inusual, el entonces procurador general de Texas, John Cornyn, reconoció que el Estado había cometido un error al introducir la raza como prueba de peligrosidad.

En junio de 2000, la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución que mantenía la pena de muerte y devolvió la causa a Texas. Una instancia estatal volvió a confirmar la sentencia, pero la defensa recurrió a la Justicia federal.

En 2003, un juez federal concluyó que la prueba racial había vulnerado las garantías constitucionales. Ordenó celebrar una nueva audiencia para fijar la pena o sustituirla por prisión perpetua.

El caso también produjo un cambio legislativo. Texas prohibió expresamente que la acusación utilizara la raza o el origen étnico de un imputado para sostener que tenía mayores probabilidades de cometer delitos. La reforma fue conocida como la “Ley Saldaño”.

Ocho años de aislamiento y una segunda condena

Cuando comenzó el segundo proceso, en 2004, Saldaño llevaba ocho años bajo un régimen de aislamiento extremo. Su estado ya no era el mismo que durante el primer juicio.

Había sufrido episodios psicóticos y permanecido durante varias semanas en una unidad psiquiátrica penitenciaria. La defensa sostuvo que no comprendía adecuadamente el procedimiento ni podía colaborar con sus abogados.

Durante las audiencias compareció con ropa carcelaria, barba y pelo largo. Se balanceaba en la silla, perdía el contacto con lo que ocurría y llegó a masturbarse frente al jurado. Pese a esas conductas, el tribunal rechazó que fuera incapaz de afrontar el proceso.

Lidia viajó nuevamente, pero finalmente no declaró. Tiempo después recordó el impacto que le produjo verlo: “Ya no era mi hijo”.

El segundo jurado volvió a imponerle la pena de muerte. A partir de entonces, la defensa llevó el caso ante tribunales estatales, federales y organismos internacionales.

“Está muerto en vida”

Con el paso de los años, la lucha de Lidia también se concentró en las condiciones de encierro. Saldaño permanece alojado en una celda individual en la Unidad Allan B. Polunsky, establecimiento de máxima seguridad donde Texas concentra a los condenados a muerte.

Durante extensos períodos pasó cerca de 23 horas diarias solo. Las salidas recreativas se realizan en sectores individuales y sin contacto con otros internos. Las visitas familiares se mantienen detrás de un vidrio.

Su madre contó que dejó de bañarse con regularidad, desarrolló temores persecutorios y comenzó a desconfiar de los alimentos. Las cartas que llegaban a Córdoba mostraban períodos de mayor lucidez y otros dominados por frases desordenadas e ideas sin conexión.

“No es solo que yo no lo toque; no tiene contacto físico con nadie”, describió. Para Lidia, el aislamiento fue destruyendo progresivamente la salud mental de su hijo. En otra de sus definiciones más duras afirmó: “Está muerto en vida”.

En 2019 fue la última vez que ella y una de sus hijas pudieron visitarlo. Desde entonces, el vínculo se mantuvo principalmente por cartas. Personal del consulado argentino y pastores religiosos también realizaron visitas.

La madre admite el crimen, pero no acepta que el Estado responda con otra muerte. Su pedido se mantuvo durante tres décadas: una condena sin discriminación, atención psiquiátrica y la sustitución de la ejecución por una pena de prisión.

Los encuentros con el papa Francisco

La causa llegó al Vaticano a partir de las gestiones de Lidia, los abogados y representantes argentinos. En 2013, la mujer le envió una carta al papa Francisco para pedirle que intercediera por la vida de su hijo.

El primer encuentro se produjo el 5 de febrero de 2014, después de una audiencia general en la plaza de San Pedro. Lidia le habló sobre la condena, la discriminación racial denunciada en el juicio y el estado mental de Saldaño.

Según contó después, Francisco la escuchó y le manifestó que conocía el caso. El pontífice le aseguró su cercanía, la animó a continuar con el reclamo y le dijo que valía la pena seguir luchando.

Dos años más tarde, el 11 de junio de 2016, Francisco volvió a recibirla, esta vez durante una audiencia privada en la Biblioteca del Palacio Apostólico. Lidia estuvo acompañada por representantes legales de su hijo y por el exembajador argentino ante la Santa Sede Juan Pablo Cafiero.

“El Papa me dijo que rezaba por mi hijo y que lo lleva en su corazón y en su memoria”, contó la mujer luego de aquella reunión. También le explicó al pontífice las condiciones de aislamiento, la falta de contacto físico y el deterioro psiquiátrico del condenado. Registro de la audiencia difundido por la representación argentina ante la Santa Sede

Francisco mantuvo durante su pontificado una oposición pública a la pena de muerte y la consideró inadmisible aun frente a delitos graves. La Iglesia católica de Texas también acompañó las solicitudes para que la ejecución fuera reemplazada por prisión perpetua.

La intervención del Papa tuvo peso humanitario y diplomático, pero no produjo una conmutación formal de la sentencia. Francisco murió en abril de 2025 sin que el pedido de Lidia obtuviera una resolución favorable.

La intervención argentina y el pronunciamiento de la CIDH

El Estado argentino acompañó la causa durante más de dos décadas. La Cancillería intervino como amicus curiae ante la Corte Suprema norteamericana y participó en el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Argentina no solicitó que Saldaño fuera declarado inocente. Su posición fue impedir la ejecución, lograr la conmutación de la pena y obtener un tratamiento compatible con su estado mental.

En 2017, la CIDH concluyó que Estados Unidos había vulnerado los derechos de Saldaño a la vida, la integridad personal, la igualdad ante la ley, un juicio justo y el debido proceso.

El organismo recomendó revisar la condena, sustituir la pena capital, trasladarlo fuera del corredor de la muerte y garantizarle asistencia psiquiátrica. También advirtió que una ejecución en esas condiciones constituiría una violación grave e irreparable del derecho a la vida. Informe de la Comisión Interamericana

Las recomendaciones no fueron cumplidas. Estados Unidos sostuvo que el argentino dispuso de intérprete, defensa pública y sucesivas instancias para presentar sus reclamos.

La última presentación ante la Corte Suprema

En 2021, cuando Texas buscó avanzar con la fijación de una fecha de ejecución, la defensa reunió nuevos estudios sobre las capacidades intelectuales de Saldaño.

El trabajo incluyó tres evaluaciones de coeficiente intelectual y entrevistas con trece personas que lo conocieron antes y durante su encarcelamiento. Los profesionales concluyeron que presentaba indicadores compatibles con una discapacidad intelectual originada durante su desarrollo.

La cuestión era decisiva porque la Corte Suprema estableció en 2002 que ejecutar a una persona con discapacidad intelectual viola la prohibición constitucional de aplicar castigos crueles e inusuales.

En 2024, los abogados pidieron que la Corte de Apelaciones Criminales de Texas permitiera presentar y analizar esas pruebas. Los fiscales del condado de Collin acompañaron la solicitud. No pidieron liberar a Saldaño ni anular su culpabilidad: coincidieron en que debía resolverse si legalmente podía ser ejecutado.

El tribunal texano rechazó abrir esa instancia. El caso volvió entonces a la Corte Suprema de Estados Unidos.

El 22 de junio de 2026, la mayoría decidió no revisarlo. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en disidencia. Sotomayor señaló que todos los especialistas que evaluaron al argentino coincidieron sobre su discapacidad intelectual y cuestionó que se negara una audiencia solicitada incluso por la acusación. Resolución de la Corte Suprema

Una condena vigente, pero sin fecha de ejecución

Saldaño continúa registrado como condenado a muerte en Texas bajo el número penitenciario 999203. La pena sigue vigente, aunque no se informó oficialmente una fecha de ejecución.

El rechazo de la Corte Suprema redujo sus posibilidades de obtener una revisión por discapacidad intelectual. Todavía podrían presentarse planteos relacionados con su capacidad mental para comprender la ejecución, solicitudes de clemencia o un pedido de conmutación ante las autoridades texanas.

La responsabilidad de Saldaño por el secuestro y asesinato de Paul King permanece firme. También permanece intacto el dolor de la familia de la víctima. La discusión judicial que subsiste es diferente: si una pena inicialmente sostenida con argumentos raciales, seguida por tres décadas de aislamiento y graves cuestionamientos sobre la capacidad mental del condenado, puede terminar con una ejecución.

Lidia Guerrero lleva treinta años reclamando que la vida de su hijo sea preservada. No desconoce el crimen ni pide que salga en libertad. Pide que cumpla una condena, que reciba tratamiento y que el Estado no lo mate.

La última decisión judicial volvió a alejar esa posibilidad. Mientras tanto, el único argentino condenado a muerte en Estados Unidos continúa esperando en una celda de Texas, sin saber cuándo llegará el próximo movimiento de una causa que ya atravesó dos juicios, tribunales internacionales, gestiones diplomáticas y hasta la intervención de un Papa.