



Gabriel Roberto Herrera, conocido como “Chirete”, asesinó a dos de sus parejas mientras estaba preso. Verónica Soledad Castro murió en marzo de 2006, durante una visita al penal de Metán. Andrea Edith Neri fue asesinada en enero de 2017, en Villa Las Rosas, cuando Herrera ya cumplía prisión perpetua por el primer crimen. Los testimonios familiares y la investigación judicial reconstruyeron cómo ocurrieron ambos hechos y qué advertencias habían recibido las autoridades.
El 23 de marzo de 2006, Verónica viajó a Metán con su madre, Angélica Jorge, y sus dos hijos. Habían llevado comida para compartir un almuerzo con Herrera. Según el relato familiar recogido por TN, él dijo que se sentía mal y Verónica lo acompañó, mientras los demás quedaron preparando la mesa en el sector de visitas.


Al advertir que no regresaban, Angélica comenzó a buscar a su hija. Cuando preguntó por ella, Herrera le respondió: “Ya la maté a su hija”. Verónica había sido atacada dentro de una celda. Su hijo mayor, que entonces tenía nueve años, estaba junto a su abuela cuando conocieron lo ocurrido.
Por ese homicidio, Herrera recibió una condena a prisión perpetua. Años después, alojado en Villa Las Rosas, comenzó una relación con Andrea. Para entonces, sus antecedentes incluían también una agresión contra otra pareja durante una visita, registrada en su legajo penitenciario el 30 de mayo de 2012.

El 5 de enero de 2017, Andrea ingresó al penal con el hijo de ambos, de dos meses. Durante el encuentro, Herrera la agredió y la llevó contra su voluntad a la celda. Allí la asesinó con una gubia, una herramienta utilizada en carpintería. Después salió con el bebé en brazos y comunicó lo sucedido al personal penitenciario.
Según la reconstrucción, tras el ataque Herrera dijo: “La maté por celos. No quería matarla, los celos me jugaron una mala pasada”. En su declaración durante el juicio de 2018, reconoció que había golpeado y matado a Andrea. Sostuvo que otro interno le había mostrado una fotografía de su pareja en Facebook y le había entregado el arma. Esa fue la explicación del acusado ante el tribunal.
La investigación también reconstruyó las decisiones que habían permitido las visitas. En diciembre de 2015, un familiar de Andrea había solicitado que se le prohibiera el ingreso. La medida fue dispuesta, pero luego se levantó tras una huelga de hambre de Herrera y las opiniones favorables de funcionarios penitenciarios. Los fiscales señalaron que las autorizaciones no habían considerado debidamente el homicidio anterior ni los demás antecedentes de violencia.
Hubo, además, una advertencia durante la última visita. Un preso escuchó lo que sucedía en el baño y, al salir, avisó al celador Nelson Alexander Cardozo que Herrera estaba golpeando a Andrea. Según el Ministerio Público Fiscal, su declaración fue contrastada con las cámaras de seguridad, que registraron el aviso y los gestos con los que intentaba que el agente acudiera al lugar. Cardozo no intervino.
Al evaluar esa conducta, el tribunal sostuvo que el celador debía intervenir o, al menos, comprobar qué estaba ocurriendo. La responsabilidad examinada comprendía la protección de las personas que ingresaban al pabellón como visitantes.

El 6 de abril de 2018, Herrera fue condenado nuevamente a prisión perpetua, por homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género. Cardozo recibió cinco años de prisión efectiva por abandono de persona seguido de muerte, bajo arresto domiciliario. Otros cuatro funcionarios fueron condenados en primera instancia a multa e inhabilitación.
En octubre de 2022, el Tribunal de Impugnación confirmó las condenas de Herrera y Cardozo y absolvió a los otros cuatro funcionarios. El Boletín Oficial informó que el celador había recuperado la libertad en febrero de ese año por agotamiento de la pena.



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