¿El Estado los forma y después tiene que pagar lo que le piden? Mangione apuntó contra los anestesistas

Actualidad26/10/2026Por Expresión del SurPor Expresión del Sur

Mangione salud

El conflicto entre el Ministerio de Salud Pública de Salta y los anestesistas volvió a quedar en el centro de la discusión. Esta vez, el ministro Federico Mangione puso el foco en una cuestión que va más allá de los honorarios: el vínculo entre la formación de especialistas con recursos públicos y las condiciones económicas que después debe afrontar el propio Estado para garantizar sus servicios.

En declaraciones al programa Pelo y Barba, de Aries, el funcionario cuestionó el esquema de contratación vigente y sostuvo que los honorarios del sector son elevados en comparación con los de otras especialidades médicas, en un escenario de fuertes restricciones presupuestarias.

“Está muy bien pago y en esta situación económica donde estamos viviendo, toda la provincia tiene que ser un poco más solidaria”, afirmó Mangione, al referirse a los reclamos económicos de los profesionales.

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Más de $3.600 millones destinados a anestesia

Uno de los argumentos centrales del ministro fue el volumen de recursos que la Provincia destinó a las prestaciones anestesiológicas durante este año.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Salud, los desembolsos acumulados desde enero de 2026 alcanzaron los $3.659.871.168,54 en concepto de guardias y prestaciones. Mangione, por su parte, habló de alrededor de $3.700 millones y aclaró que también deben contemplarse los acuerdos particulares de hospitales de autogestión.

El funcionario cuestionó que existan diferentes modalidades de contratación y pago entre los establecimientos sanitarios y planteó la necesidad de unificar criterios para ordenar el sistema.

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También sostuvo que los anestesistas salteños perciben remuneraciones superiores a las de colegas de otras provincias y consideró que el Estado ya no tiene margen para responder a nuevas exigencias económicas en las condiciones actuales.

La formación pública, otro punto de conflicto

La discusión más profunda apareció cuando Mangione cuestionó que profesionales formados en hospitales públicos luego renuncien a sus puestos y pasen a prestar servicios mediante contrataciones privadas.

El ministro aseguró que Salta necesita incorporar entre 20 y 30 anestesiólogos más para responder a la demanda sanitaria y acusó a representantes del sector de resistirse a la incorporación de dos nuevos residentes.

Desde su perspectiva, ampliar la formación de especialistas es una condición necesaria para reducir la dependencia del sistema público respecto de un número limitado de prestadores.

“Ellos quieren manejar absolutamente todo”, afirmó al cuestionar las condiciones de contratación y las dificultades para ampliar la disponibilidad de profesionales.

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Mangione, sin embargo, aclaró que no todos los anestesistas participan de las medidas de fuerza y reconoció que existen profesionales que cumplen normalmente sus funciones.

Los pacientes, en el medio de la disputa

El trasfondo de la controversia es especialmente delicado: la suspensión y reprogramación de cirugías en hospitales públicos, con consecuencias para personas que esperan una intervención.

La discusión sobre honorarios, convenios y condiciones laborales no puede separarse de la obligación del sistema sanitario de garantizar la atención. Cuando faltan especialistas o se interrumpen prestaciones, los pacientes terminan soportando las consecuencias de un conflicto que las autoridades y los profesionales deben resolver.

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La cartera sanitaria informó que mantiene abiertas las instancias de negociación con la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR). Sin embargo, la tensión expone un problema estructural: cómo garantizar suficientes especialistas, condiciones de contratación sostenibles y continuidad de los servicios esenciales.

El planteo de Mangione abre una discusión necesaria sobre el uso de los recursos públicos y las responsabilidades de cada sector. La formación profesional financiada por el Estado, los honorarios médicos y el derecho de los pacientes a recibir atención son cuestiones que requieren reglas claras y soluciones que prioricen el funcionamiento del sistema sanitario.

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