El Ministerio de Educación y Cultura  puso en marcha auditorías sobre declaraciones juradas de docentes que también ocupan cargos en la administración pública. Entre los alcanzados habría concejales que ya comenzaron a recibir notificaciones por posibles incompatibilidades.

El tema empezó a generar preocupación en el ámbito político de Anta. El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Coordinación de Sistemas y Recursos Humanos, lleva adelante auditorías para revisar las declaraciones juradas de docentes que, además de desempeñarse en las aulas, ocupan otros cargos en organismos nacionales, provinciales o municipales.

El procedimiento apunta a determinar si esas funciones se ajustan a lo establecido por el Decreto 14/91, que regula el régimen de incompatibilidades.

Según la información difundida, las notificaciones ya comenzaron a llegar a concejales que estarían alcanzados por estas observaciones. Una vez notificados, cuentan con un plazo de diez días para adecuar su situación a las disposiciones legales.

La medida abre un interrogante sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y administrativas de quienes ejercen simultáneamente funciones docentes y responsabilidades dentro de los cuerpos legislativos municipales.

Por ahora, habrá que esperar qué respuestas presentan los involucrados y cuáles son los resultados concretos de las auditorías.

Porque una cosa es ocupar distintos espacios de responsabilidad y otra muy diferente es hacerlo sin cumplir las condiciones que establece la normativa vigente.