


Una historia de solidaria terminó con un fallo judicial que protege la autonomía de una mujer
Judiciales21/11/2026
Xiomara Díaz
Bajada: La jueza María José Lezcano designó como apoyo legal a un vecino que, junto con su familia, acompaña desde hace años a una mujer con discapacidad y sin vínculos familiares conocidos. La sentencia establece asistencia para administrar dinero y realizar trámites complejos, pero preserva su capacidad para decidir sobre su vida cotidiana.
Una mujer de San José de Metán que durante años vivió sin documentación y sin familiares conocidos podrá contar con asistencia legal para administrar sus ingresos, gestionar una pensión y realizar trámites que hasta ahora representaban una dificultad. La decisión fue adoptada por la jueza María José Lezcano, quien designó como apoyo a un vecino que, junto con su familia, la acompaña desde hace tiempo.
La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Segunda Nominación de Metán, luego de evaluar las condiciones personales de la mujer, sus necesidades y las actividades que puede desarrollar de manera independiente.


El fallo tiene una particularidad: además de resolver una cuestión jurídica, reconoce la asistencia que una familia le brindó sin tener una obligación legal de hacerlo.
El hombre designado como apoyo había facilitado, junto con sus familiares, un lugar donde la mujer pudiera vivir. Con el paso del tiempo se convirtió en su principal referente para resolver dificultades cotidianas.
Esa relación fue considerada por la magistrada al momento de determinar quién podía asumir la responsabilidad de acompañarla en determinados actos legales y patrimoniales.
Durante años no tuvo documento ni vínculos familiares conocidos
La historia personal de la mujer presenta circunstancias que fueron examinadas durante el proceso judicial.
Durante un período prolongado no contó con inscripción registral ni documento de identidad, una situación que debió regularizarse mediante una resolución judicial anterior.
Tampoco existen antecedentes suficientes para reconstruir sus vínculos familiares. En su documentación no figuran datos de sus padres y no se conocen personas de su entorno familiar que puedan asumir tareas de acompañamiento.
Para subsistir, realiza trabajos sencillos por los que recibe dinero, alimentos u otros bienes.
La evaluación incorporada al expediente determinó que tiene dificultades cognitivas que afectan principalmente la comprensión de situaciones complejas, la administración de dinero y la realización de determinados trámites.
Sin embargo, también estableció que puede desempeñarse de manera autónoma en numerosas actividades.
La mujer se desplaza por sus propios medios, se ocupa de su higiene y alimentación, reconoce el barrio donde vive, mantiene vínculos con otras personas y puede desarrollar tareas prácticas y rutinarias.
También tiene capacidad para expresar deseos, preferencias y decisiones relacionadas con su vida diaria.
Estas circunstancias fueron consideradas por la jueza para evitar una restricción general de sus derechos.
Qué podrá hacer el vecino designado por la Justicia
La sentencia establece que el hombre actuará como apoyo legal en cuestiones específicas relacionadas con la administración de bienes y recursos económicos.
Entre las funciones autorizadas se encuentran el cobro y manejo de dinero, prestaciones previsionales o beneficios sociales, la realización de trámites patrimoniales y la intervención en contratos, préstamos, créditos y operaciones bancarias o financieras.
También podrá representarla en aquellos procedimientos administrativos que, por su complejidad, excedan las actividades habituales de la mujer.
La decisión no significa que el vecino pueda sustituirla en todas sus decisiones ni disponer libremente de sus recursos.
La resolución exige que, cuando intervenga en los actos comprendidos por la restricción, le explique de manera accesible qué se realizará, para qué servirá y cuáles pueden ser sus consecuencias.
Además, deberá considerar sus deseos y preferencias.
Este aspecto responde a los principios establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación, que reconoce la capacidad jurídica de las personas como regla general y dispone que sus restricciones deben ser excepcionales y estar referidas a actos determinados.
El artículo 43 contempla los sistemas de apoyo para facilitar la toma de decisiones, promover la autonomía y ayudar a las personas a ejercer sus derechos.
Una decisión judicial que reconoce lo que ella puede hacer sola
Antes de resolver, la magistrada examinó la situación personal de la mujer y escuchó al vecino que la acompaña.
El hombre manifestó su disposición para continuar ayudándola, especialmente en el manejo de los recursos que eventualmente pueda percibir mediante una pensión.
A partir de las evaluaciones incorporadas al expediente, la jueza consideró necesario establecer asistencia para determinadas operaciones económicas, sin extender la restricción a otras actividades.
El fallo diferencia así los actos que la mujer puede resolver por sí misma de aquellos que requieren intervención de la persona designada como apoyo.
La decisión se relaciona también con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 12 reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones y deben disponer de los apoyos necesarios para ejercerla.
Las palabras que la jueza dedicó al vecino y a la mujer
La sentencia incluyó un reconocimiento a la conducta del vecino y su familia, quienes asumieron tareas de asistencia a pesar de no mantener vínculos de parentesco con la mujer.
La jueza destacó el acompañamiento brindado durante años y expresó su gratitud por esa disposición.
También incorporó un mensaje dirigido especialmente a la mujer, con palabras sencillas para que pudiera comprender el alcance de la resolución judicial.
El texto debía ser leído por el hombre designado como apoyo.
En uno de sus pasajes, la magistrada expresó: “Este papel lo hacemos para cuidarte”.
Con esa explicación buscó transmitirle que la decisión no le quitaba la posibilidad de desenvolverse por sus propios medios, sino que establecía asistencia para las cuestiones que le resultaban difíciles.
La jueza también hizo referencia a uno de sus deseos personales: poder cobrar una pensión y comprar un televisor para mirar las novelas que le gustan.
La posibilidad de gestionar ese beneficio aparece ahora contemplada dentro de las facultades otorgadas a su apoyo legal.
La resolución no confirma que la pensión ya haya sido concedida, sino que establece una vía para realizar los trámites necesarios.
El caso muestra cómo una intervención judicial puede organizar la asistencia que una persona necesita sin desconocer su voluntad ni sus capacidades. En esta oportunidad, la decisión también dio reconocimiento formal a una relación de solidaridad que ya existía en la vida cotidiana de la mujer.


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