La medida alcanzará a productores frutihortícolas afectados por un fenómeno climático ocurrido el pasado 21 de diciembre y tendrá vigencia de un año. Se estiman pérdidas de hasta el 70% de la superficie productiva y un impacto económico de entre 11 mil y 15 mil millones de pesos.
En base a la información operativa recabada durante la última crecida del Río Pilcomayo, el organismo delineó las acciones en territorio ante una eventual emergencia.