El gobierno de Milei derogó el cupo femenino en los órganos de administración

En una decisión sorprendente, el Gobierno de Milei ha derogado el cupo femenino en los órganos de administración, marcando un cambio drástico en las políticas de equidad de género en el ámbito empresarial.

Actualidad 12/04/2024 Xiomara Díaz Xiomara Díaz
mujeres
Imagen Ilustrativa

El panorama de equidad de género en los altos cargos de empresas y organizaciones argentinas dio un giro significativo con la reciente derogación del cupo femenino por parte del Gobierno. La Inspección General de Justicia (IGJ), a través de una Resolución General publicada en el Boletín Oficial, dejó sin efecto una normativa del 2020 que establecía la paridad de género en los órganos de administración de las sociedades.

La resolución derogada, la 34/2020, había sido implementada con el objetivo de asegurar una composición equitativa entre hombres y mujeres en las altas esferas de las empresas y organizaciones. Sin embargo, su revocación significa un cambio en la dirección de las políticas de inclusión de género en el ámbito empresarial.

Cuando la resolución fue publicada en 2020, un estudio de la consultora KPMG reveló que solo el 10,3% de los miembros de directorios de las empresas más grandes de Argentina eran mujeres. A pesar de un leve aumento al 17,5% en los siguientes tres años, el informe mostraba que la representación femenina en las direcciones seguía siendo significativamente baja.

La derogación del cupo femenino ha sido celebrada por la Fundación Apolo, presidida por el legislador porteño de Republicanos Unidos, Yamil Santoro. Para Santoro, la medida representa un avance hacia la libertad y el mérito en el acceso a cargos directivos en organismos privados. Según sus palabras, esta resolución "encauza por el camino de la libertad al derecho de asociación, permitiendo que sea la idoneidad, y no otra cosa, el criterio de acceso a cargos directivos en organismos privados".

Con esta acción, ninguna de las entidades reguladas por la Inspección General de Justicia está obligada a implementar la paridad de género en sus órganos de administración, marcando un cambio en la agenda de equidad de género en el ámbito empresarial argentino.

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