A una semana de que la información mediática sobre el caso saliera a la luz, el Ministerio Público Fiscal de Salta se expidió sobre la investigación por intimidación pública. Los hechos involucran la difusión de videos anónimos en redes sociales que vinculaban al Gobierno provincial con el narcotráfico.
Actualidad11/01/2025
Por Expresión del Sur
Hasta ahora, tres personas fueron imputadas, mientras se analizan pruebas clave para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El Ministerio Público Fiscal de Salta inició una investigación tras detectar la difusión de videos anónimos en redes sociales, específicamente en TikTok, que vinculaban al Gobierno de la Provincia y a diversos funcionarios con actividades relacionadas al narcotráfico. Estos contenidos, difundidos mediante perfiles ficticios, generaron preocupación por su potencial impacto en el orden público y la opinión ciudadana.
La investigación comenzó con el análisis de los videos para determinar si estaban amparados por la libertad de expresión, derecho fundamental que sustenta el Estado de derecho. Sin embargo, cinco de los videos superaron esta evaluación preliminar al presentar características que podrían configurar el delito de Intimidación Pública, tipificado en el artículo 211 del Código Penal. Este delito busca sancionar ataques que alteren el orden público y desestabilicen el funcionamiento de los poderes del Estado.
Los contenidos analizados incluían afirmaciones como la supuesta existencia de un “estado narco” en Salta, vínculos con carteles de droga y operaciones ilícitas relacionadas con ambulancias privadas. Según la Fiscalía, estas publicaciones intentan manipular la opinión pública mediante información falsa, generando temor en la ciudadanía y afectando la confianza en las instituciones democráticas.
En colaboración con la División de Ciberpatrullaje de la Policía Federal, se identificaron a tres personas como responsables de las publicaciones. Esta información fue obtenida mediante informes de plataformas como TikTok y Google, así como de empresas de telefonía celular, que proporcionaron datos asociados a las cuentas y dispositivos utilizados para la difusión de los videos.
La Fiscalía de Ciberdelitos, que actualmente se encuentra en la etapa inicial de la Investigación Penal Preparatoria, está analizando las pruebas aportadas por los imputados y los resultados de las pericias realizadas a dispositivos celulares. De estos análisis podrían surgir nuevas imputaciones.
La Fiscalía destacó que las acusaciones vertidas en los videos tienen la capacidad de generar miedo en la población y temor respecto al futuro de la provincia. En un contexto en el que Salta trabaja activamente contra el narcotráfico y el crimen organizado, estos contenidos anónimos buscan desestabilizar el orden democrático y generar incertidumbre sobre el rumbo de la provincia.
El informe señala que las redes sociales, utilizadas de manera anónima, se convierten en herramientas de alcance masivo que pueden influir negativamente en la opinión pública. Estos instrumentos, según la Fiscalía, no solo promueven falsas creencias sino que también fomentan el odio y la manipulación de la sociedad con fines desestabilizadores.
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