En un operativo realizado en Luis Burela, un hombre fue detenido tras falsificar y vender certificados médicos. La justicia lo condenó a un año de prisión condicional tras una confesión durante el juicio abreviado.
Judiciales21/04/2025
Por Expresión del Sur
En el mes de diciembre de 2024, a partir de una denuncia penal radicada en la localidad de Luis Burela, se iniciaron actuaciones judiciales por la presunta comercialización de certificados médicos apócrifos, que contenían firmas y sellos falsificados de profesionales del hospital público local. La pesquisa, encabezada por la Fiscalía Penal N.º 2 de Joaquín V. González, a cargo del fiscal Cesar Saravia, motivó el diligenciamiento de allanamientos simultáneos en dos domicilios vinculados al principal sospechoso, ubicados en Luis Burela y en Apolinario Saravia.
Como resultado de esas medidas, se procedió al secuestro de documentación relevante y otros elementos probatorios, y se formalizó la imputación penal contra Luis Alberto Ibarra, por el delito de falsificación de documentos públicos, previsto en el Código Penal argentino.
Concluida la etapa investigativa y de conformidad con lo establecido por el Código Procesal Penal, la causa fue elevada a instancia de juicio abreviado ante el Juzgado de Garantías N.º 1 de Joaquín V. González, a cargo del juez Héctor Sebastián Guzmán. En audiencia pública, el imputado prestó confesión expresa y voluntaria de los hechos que se le atribuyen, aceptando la calificación legal y la pena propuesta por el Ministerio Público Fiscal, con el consentimiento de la defensa técnica.
En consecuencia, mediante sentencia fundada, el juez resolvió condenar a Ibarra a la pena de un año de prisión de ejecución condicional, imponiéndole además el cumplimiento de reglas de conducta por el término de dos años, conforme a lo establecido por el artículo 27 bis del Código Penal.
La resolución judicial ya quedó firme y fue notificada a las partes intervinientes. Desde la Fiscalía se destacó la importancia de sancionar conductas que vulneran la fe pública, particularmente cuando afectan el funcionamiento de instituciones sanitarias y comprometen la validez de documentación oficial.
Un septuagenario fue condenado a seis años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una niña de 10 años en Joaquín V. González. El juez Fucho dictó la pena tras la confesión del acusado y ordenó su registro en el Banco de Datos Genéticos.
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Guillermo Francos dimitió a su cargo en el Gabinete de Javier Milei. El vocero presidencial, Manuel Adorni, asumirá el puesto el lunes 4 de noviembre. También dejó su función el ministro del Interior, Lisandro Catalán.
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