Histórico poblador resiste el desalojo en la Reserva Pizarro: grave denuncia

General Pizarro. Santo Cuellar tiene 71 años y lleva más de medio siglo viviendo en la finca donde nacieron sus hijos, crió animales, plantó, trabajó la tierra y —como él dice— “hizo Patria”. Hoy enfrenta una orden de desalojo emitida por Parques Nacionales que, según su testimonio, busca “borrarlo del mapa” sin ofrecerle compensación alguna, pese a que él mismo había ofrecido enajenar la propiedad.

“No me pienso ir. Estoy en mi derecho. Vivo ahí hace 54 años y eso la ley lo reconoce. A mí me quieren correr como si fuera un intruso, pero soy un argentino con derechos y eso incluye el derecho a la propiedad”, aseguró Cuellar a Expresión del Sur, visiblemente conmovido.

Santos no está solo. Vive en el lugar junto a sus hijos y nietos. Además, su vínculo con la finca se remonta incluso a generaciones anteriores: su padre nació y murió allí, a los 80 años, después de toda una vida en ese territorio.

El conflicto tiene como escenario una zona comprendida dentro de la Reserva Nacional Pizarro, territorio que pasó al dominio del Estado nacional para convertirse en área protegida. Según relata Cuellar, en 2005 firmó un acta en la que se reconocía su condición de poseedor legítimo, con más de 30 años de ocupación pacífica y productiva. También cuenta con un plano mensurado desde el año 2003, lo que respalda su ocupación legal.

Luego solicitó enajenar su propiedad —es decir, venderla legalmente al Estado— y desde la Administración central le respondieron que no tenían intención de comprar. Cuellar sostiene que ya en 2016 la misma Reserva Pizarro le envió una nota donde se le reconocían derechos y se le ofrecía adquirir sus tierras a un precio justo. El productor respondió aceptando la propuesta, pero elevó la documentación directamente a la Administración Central de Parques Nacionales, desde donde le comunicaron más tarde que no estaban interesados.

De un día para el otro, el desalojo

Hace casi un mes, desde Laguna Blanca, provincia de Formosa, un organismo dependiente de Parques Nacionales envió un ultimátum: tenía 30 días para abandonar el lugar. Cuellar afirma que el intendente de la Reserva Pizarro, Ernesto Sucunza, le notificó la medida y que si no se retiraba, intervendrían la Gendarmería y la Policía Federal.

“Él me atendió muy bien -por Lacunza-, pero me dijo que iba a seguir adelante con la ejecución. Que él es solo un empleado y va a cumplir órdenes”, explica el productor. A la fecha, le quedan apenas ocho días de plazo y ya hizo un descargo formal con toda su documentación.

Sospechas: quien se quedó con la plata

Para Cuellar, todo esto forma parte de una maniobra de fondo que no solo lo perjudica a él, sino que podría tener implicancias institucionales. “El Estado nacional dice que no quiere mi tierra, pero acá me quieren sacar igual. Entonces, ¿quién se quedó con la plata que estaba destinada para comprar mi propiedad? Alguien tiene que investigar eso”, disparó.

En ese sentido, remarcó lo que él considera el eje de la cuestión: cuando el Gobierno nacional —en acuerdo con el Gobierno de Salta, entonces a cargo del gobernador Juan Carlos Romero— decidió ampliar la Reserva, se destinaron fondos públicos para comprar tierras. Cuellar asegura que, en ese proceso, su finca fue dejada fuera deliberadamente. “Compraron todo alrededor, menos mi propiedad. Algo raro pasó y se tiene que investigar. Y ahora quieren corregir ese error sacándome sin pagarme nada”, enfatizó.

A raíz de esta situación, es que considera que buscan incriminarlo para que abandone el lugar. Denunció hechos previos de abuso de autoridad con el propósito de incriminarlo: “En 2017 me sacaron madera sin orden judicial. Los responsables fueron los mismos funcionarios que ahora están detrás de este desalojo: Abraham Rojas y Soledad Rojas. Hice la denuncia porque era madera de mi propiedad comprada en Jujuy, pero quedó cajoneada. Acá hay algo muy oscuro”. 

Una trampa y un intento de criminalización

Según relata Cuellar, en la Reserva pasan cosas raras. "Tiempo atrás hubo una gran explotación de palos renovales -de bajo diámetro de mucho usa para las quintas-. La extracción se hizo arriba en una zona considerada de alta categoría de reserva y nadie paró esto, a pesar de que existe un solo camino de paso", reveló al tiempo que enfatizó: "yo puedo mostrar todo eso".

Y siguió relatando que en un momento su hijo fue tentado para realizar una “changa” cortando madera que, con suerte se negó a participar, porque al día siguiente apareció un operativo de Gendarmería. “Era una trampa de estas dos personas que están al frente de la Reserva. Querían incriminarme con una tercera causa. Quieren hacerme ver como un usurpador, pero yo nunca toqué nada que no fuera mío. Soy un tipo de bien”, insistió.

Cuellar dice que no tiene miedo, pero sí preocupación por su seguridad: “No quiero cometer errores, ni que me maten. Solo pido que se respete la ley”.

El último recurso: apelar al presidente y al pueblo

Ya con voz quebrada, Cuellar hizo un llamado público: “Le pido al presidente Javier Milei y al gobernador Gustavo Sáenz que tomen cartas en el asunto. Esto no puede pasar en un país que grita ‘Viva la libertad’. Yo solo quiero trabajar, vivir en paz y seguir produciendo”.

La finca de Cuellar tiene cerca de 2.000 hectáreas, muchas de ellas aptas para cultivo. “Mientras otros hicieron soja con subsidios, a mí me quieren echar con la pilcha al hombro”, concluyó.

Expresión del Sur continuará siguiendo este caso que mezcla historia, derecho a la propiedad, la acción del Estado y posibles irregularidades en la administración de fondos públicos. La pregunta queda abierta: ¿qué hay realmente detrás del intento de desalojo de Santo Cuellar?