La Justicia Federal dejó sin efecto la intervención del Partido Justicialista en Salta. La medida generó una fuerte repercusión política y reactivó la interna entre los sectores enfrentados por el control del sello.
Actualidad20/05/2025
Por Expresión del Sur
La jueza federal María Servini anuló la intervención del Partido Justicialista (PJ) en Salta, ordenada por el Consejo Nacional del partido, que responde a Cristina Kirchner. La medida había sido aplicada tras los resultados desfavorables del peronismo en las elecciones provinciales y horas antes de un Congreso partidario donde se iba a tratar el conflicto.
La intervención, que comenzó en febrero de este año, afectó a los partidos de Salta y Misiones debido al apoyo de legisladores locales, alineados con los gobernadores Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, a iniciativas del Gobierno nacional. En la Cámara de Diputados, esos diputados integran el bloque Innovación Federal, mientras que en el Senado, los representantes de Misiones siguen la misma línea. En cambio, los senadores salteños mantienen su vínculo con Cristina Kirchner.
Esteban Amat Lacroix, presidente del PJ salteño y aliado de Sáenz, presentó un recurso solicitando la nulidad de la intervención, alegando que buscaba amedrentar a las autoridades provinciales que apoyaron a Ricardo Quintela en la interna partidaria y permitir que un interventor designado “a dedo” controle la elección de candidatos. En Salta, la intervención designó a Sergio Berni y María Luz Alonso, dos referentes cercanos a la exmandataria.
En las recientes elecciones legislativas, el kirchnerismo presentó el Frente Justicialista, que solo obtuvo el 6% de los votos para senador en Capital, donde Sáenz compitió con dos listas propias, una peronista y otra con perfil conservador. Sáenz celebró mantener la mayoría en la Legislatura aunque reconoció el avance del espacio La Libertad Avanza en la Capital, que superó el 41% del padrón.
En su resolución, Servini señaló que la intervención debía haber sido decidida por el Congreso nacional del PJ y no por el Consejo. Además, desestimó los argumentos presentados por los interventores ligados a Cristina Kirchner, afirmando que las diferencias políticas no justifican la intervención ni la exclusión de las autoridades provinciales. La jueza sostuvo que las acciones del Consejo “no constituyen una fundamentación razonable” y que se debe respetar la autonomía política provincial.
La notificación oficial fue firmada por el secretario electoral Martín Rosendo Seguí, dejando sin efecto la intervención iniciada en febrero, a la espera de nuevas definiciones en el Congreso partidario convocado para el 25 de abril.
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