
Imputan a cinco acusados por captar colegialas para explotación sexual
La investigación reveló una red que operaba en torno a un colegio secundario. El remisero organizaba los encuentros en moteles y clientes pagaban hasta 200 mil pesos.
La Fiscalía Penal de Tartagal inició actuaciones preliminares ante una denuncia por presunto abuso sexual. Se dispusieron medidas de protección y se trabaja con protocolos específicos para resguardar a los menores involucrados.
Judiciales14/06/2025La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, informó que el pasado miércoles se dio inicio a una investigación de oficio tras recibir una denuncia por un presunto abuso sexual que involucra a un referente de una comunidad wichí de la localidad de General Mosconi.
En el marco de las primeras diligencias, y con el objetivo de abordar la situación desde una perspectiva de protección integral, se solicitó la intervención del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC). Una profesional de ese organismo se constituyó en el lugar al día siguiente para llevar a cabo una evaluación socioambiental, informe que ya fue incorporado al expediente como elemento de valoración en la causa.
A raíz de los elementos reunidos, y a fin de garantizar la integridad de los menores presuntamente afectados, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género, conjuntamente con el Juzgado de Garantías interviniente, ordenó una medida de exclusión del hogar contra el denunciado. La resolución también incluyó la prohibición de acercamiento y de ejercer cualquier tipo de violencia –física, verbal o psicológica– respecto de los niños involucrados.
La medida fue cumplida y verificada por personal policial. En paralelo, se dispuso una consigna fija en inmediaciones del domicilio, con el fin de prevenir situaciones de riesgo y asegurar el cumplimiento de la medida cautelar.
En los próximos días, se tomarán declaraciones testimoniales a los menores bajo el dispositivo de Cámara Gesell, conforme a los protocolos vigentes que regulan la intervención en casos de delitos contra la integridad sexual. Asimismo, se prevé tomar declaración a la progenitora de los niños, para lo cual se gestiona la participación de un intérprete cultural y lingüístico, con el objetivo de garantizar su comprensión y pleno ejercicio de derechos en el proceso.
Desde la Fiscalía se indicó que la investigación continúa en curso, con intervención de la Asesoría de Incapaces y articulación con la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, con el propósito de asegurar una respuesta interinstitucional adecuada y priorizar en todo momento el bienestar de los menores.
El Ministerio Público Fiscal ratificó su compromiso de actuar con celeridad y dentro del marco legal vigente, resguardando el principio de interés superior del niño y los derechos fundamentales de todas las personas involucradas.
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