El acusado admitió su responsabilidad antes del inicio del juicio y recibió una pena de 10 años y 6 meses de cárcel efectiva. Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2023 y tuvieron como víctimas a menores de entre 7 y 16 años en distintos barrios de la capital salteña.
La investigación judicial derivó en la imputación de nueve personas, acusadas de integrar una organización dedicada a la captación y explotación de adolescentes en la capital provincial.