Trabajadores viales en alerta ante la disolución de Vialidad Nacional

El decreto 461/2024 del Poder Ejecutivo Nacional que establece la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad encendió las alertas en todo el país. A diferencia de otros organismos estatales alcanzados por medidas de reorganización, el texto que afecta a Vialidad habla expresamente de una desaparición institucional, sin contemplar una reestructuración ni continuidad de funciones.

“No es una novedad para nosotros porque sabíamos desde la campaña que venía la destrucción del Estado desde adentro. Pero fue un golpe duro ver la palabra ‘disolución’ de forma tan clara”, sostuvo Verónica Berlasso, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Red Argentina, en declaraciones a FM Profesional.

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Berlasso remarcó que la norma firmada por el presidente Javier Milei implica un vaciamiento sin precedentes del Estado nacional, con el riesgo de que los activos de Vialidad pasen a manos privadas: “Tenemos terrenos, sedes, campamentos y subcampamentos en todo el país. En Salta, por ejemplo, están la sede del 5to Distrito y campamentos en Pichanal, Cafayate, Metán y Quebrachal. Nadie sabe qué va a pasar con todo eso”.

Según el decreto, las pertenencias del organismo pasarán a la Tesorería General de la Nación, lo que genera una fuerte incertidumbre sobre su destino: “Ellos pueden darle el uso que quieran, y no habrá manera de controlar qué se hace con los bienes públicos”, advirtió Berlasso.

En la provincia de Salta, 176 familias viales quedarían afectadas. A nivel nacional, son más de 5.100 agentes, aunque el Gobierno anticipó que procederá con bajas por jubilación y despidos de trabajadores con sumarios, lo que implicaría al menos 600 cesantías inmediatas.

“La falta de información es total. Ni el jefe de distrito en Salta ni el administrador general en Buenos Aires tienen respuestas. Ayer se hizo un Zoom para comunicarnos algo y lo único que se hizo fue leer dos párrafos del decreto. Nos pidieron que no preguntemos sobre el futuro laboral, porque ellos tampoco lo saben”, denunció la dirigente.

En respuesta, el sindicato inició acciones junto a otros gremios estatales. “Estamos en el plenario de secretarios generales en la CGT, junto a las 62 organizaciones sindicales. Evaluamos medidas conjuntas con el INTA y las universidades. Ya lanzamos un petitorio para exigir la derogación del decreto, y vamos a replicarlo en todas las provincias”, adelantó.

Entre las medidas en análisis se encuentra una marcha nacional, con convocatorias simultáneas en todo el país: “La idea es que haya una expresión masiva en todas las provincias. No podemos permitir que este desguace del Estado pase desapercibido”.