JVG: comerciantes rechazan una ordenanza de 2011 que obliga a cerrar el 8 de agosto

A horas de una nueva celebración patronal en honor a Santo Domingo Guzmán, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Joaquín V. González expresó su enérgico rechazo a la Ordenanza Municipal N.º 24/11, que establece como feriado local el 8 de agosto y obliga al cierre de todos los comercios bajo pena de multa.

La medida fue aprobada en 2011 por unanimidad en el Concejo Deliberante y jamás fue modificada, pese a los reiterados cuestionamientos del sector comercial a lo largo de los años. El texto legal fue firmado por los entonces concejales Luis Arturo Cifre, Gladys de Palomino, Ramona Orellana, Jorge Tejada y Héctor Lazarte, y promulgado por resolución interna en la misma fecha.

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En su comunicado institucional difundido este martes, la Cámara calificó la ordenanza como “una decisión arbitraria que vulnera derechos constitucionales” y señaló que afecta directamente a los comerciantes, en un contexto económico delicado a nivel local y nacional.

“Valoramos nuestras tradiciones, pero no aceptamos que el Estado imponga el cierre comercial por la fuerza”, sostuvieron desde la entidad, al tiempo que solicitaron la derogación inmediata de los artículos 2 y 3 de la normativa, que establecen la prohibición de abrir los negocios y la aplicación de sanciones económicas.

Además, la institución pidió que se suspendan las multas previstas para este año y que se abra una instancia de diálogo con las autoridades municipales. Según argumentan, el 8 de agosto no reviste carácter de feriado nacional ni provincial, por lo que imponer sanciones por trabajar ese día “carece de respaldo legal suficiente”.

La ordenanza -todavía vigente- faculta al Ejecutivo municipal a aplicar multas que van desde los $100 hasta los $500 por cada infracción, de acuerdo al artículo 2 de la norma.

Aunque desde el sector comercial reconocen la importancia cultural y religiosa de la festividad patronal, consideran que el carácter obligatorio del cierre “atenta contra el derecho al trabajo, a la libre empresa y a la autonomía de cada comerciante”.

“Defendemos el trabajo, la legalidad y el desarrollo de nuestra comunidad”, concluye el documento.