La Cámara de Comercio local pidió la derogación parcial de la norma que impone el cierre obligatorio de los negocios por el día del Santo Patrono. La ordenanza fue sancionada en 2011 y nunca fue modificada por el Concejo Deliberante.
Actualidad07/08/2025
Por Expresión del Sur
A horas de una nueva celebración patronal en honor a Santo Domingo Guzmán, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Joaquín V. González expresó su enérgico rechazo a la Ordenanza Municipal N.º 24/11, que establece como feriado local el 8 de agosto y obliga al cierre de todos los comercios bajo pena de multa.
La medida fue aprobada en 2011 por unanimidad en el Concejo Deliberante y jamás fue modificada, pese a los reiterados cuestionamientos del sector comercial a lo largo de los años. El texto legal fue firmado por los entonces concejales Luis Arturo Cifre, Gladys de Palomino, Ramona Orellana, Jorge Tejada y Héctor Lazarte, y promulgado por resolución interna en la misma fecha.
En su comunicado institucional difundido este martes, la Cámara calificó la ordenanza como “una decisión arbitraria que vulnera derechos constitucionales” y señaló que afecta directamente a los comerciantes, en un contexto económico delicado a nivel local y nacional.
“Valoramos nuestras tradiciones, pero no aceptamos que el Estado imponga el cierre comercial por la fuerza”, sostuvieron desde la entidad, al tiempo que solicitaron la derogación inmediata de los artículos 2 y 3 de la normativa, que establecen la prohibición de abrir los negocios y la aplicación de sanciones económicas.
Además, la institución pidió que se suspendan las multas previstas para este año y que se abra una instancia de diálogo con las autoridades municipales. Según argumentan, el 8 de agosto no reviste carácter de feriado nacional ni provincial, por lo que imponer sanciones por trabajar ese día “carece de respaldo legal suficiente”.
La ordenanza -todavía vigente- faculta al Ejecutivo municipal a aplicar multas que van desde los $100 hasta los $500 por cada infracción, de acuerdo al artículo 2 de la norma.
Aunque desde el sector comercial reconocen la importancia cultural y religiosa de la festividad patronal, consideran que el carácter obligatorio del cierre “atenta contra el derecho al trabajo, a la libre empresa y a la autonomía de cada comerciante”.
“Defendemos el trabajo, la legalidad y el desarrollo de nuestra comunidad”, concluye el documento.
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