La sentencia incluyo la orden de decomiso de una camioneta Kia Sorento, que fue utilizada para el transporte de la droga. El vehículo era propiedad de una empresa de transporte de la cual el funcionario judicial es socio.
Judiciales01/09/2025
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó este jueves a Daniel Fernando Aponte, empleado del fuero penal de esa provincia, a 7 años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, dado que consideró acreditado que lideró una operación de tráfico de 23 kilos de marihuana que tenía como destino la ciudad de Rosario de la Frontera y que fue desbaratada el 21 de diciembre pasado en el marco de un procedimiento de control vehicular realizado por la Gendarmería Nacional sobre la ruta provincial 5.
Con la unanimidad de los votos de Marta Snopek (presidenta), Gabriela Catalano y Diego Matteucci, el tribunal también condenó por los mismos hechos y calificación a Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna a penas de 6 años de prisión. La sentencia incluyo la orden de decomiso de una camioneta Kia Sorento, que fue utilizada para el transporte de la droga. El vehículo era propiedad de una empresa de transporte de la cual el funcionario judicial es socio.
Las condenas fueron dictadas en línea con el requerimiento de la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, quien llevó adelante el caso desde su inicio, tarea en la que también intervinieron la auxiliar fiscal Vanina Pedrana y el abogado José Manuel Lavilla. La única discordancia entre la sentencia y el pedido de la fiscalía estuvo en la pena para Peralta, a quien la fiscalía había requerido que se condenara a 7 años de prisión.
En su alegato, la fiscal puso de relieve el daño para la salud que hubiera provocado el cargamento en la sociedad de Rosario de la Frontera, golpeada por el flagelo del consumo de drogas, donde se dirigía la marihuana incautada. Calculó que hubiera servido para generar casi 13 dosis por cada habitante.
El caso que llegó a juicio tuvo su origen en un control vehicular realizado por la Gendarmería Nacional sobre la ruta provincial 5, a la altura de la ciudad de Joaquín V. González, el 21 de diciembre pasado, donde fue revisada la camioneta Kia Sorento, conducida por Luna, quien informó que provenía de Pichanal, en el norte de la provincia, y que se dirigía a Rosario de la Frontera, en el límite con Tucumán.
La fiscal describió en la audiencia que, mientras revisaba los papeles del vehículo, uno de los gendarmes observó en el baúl varias monturas de caballos y solicitó al chofer que las corriera para ver qué había debajo. Añadió que, como Luna se negó, los gendarmes movieron la carga y descubrieron que los dos paneles laterales habían sido manipulados.
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