En Salta, cada vez más particulares recurren a los juzgados de quiebras para solicitar la quiebra personal, una herramienta legal que hasta hace unos años era utilizada casi en exclusividad por empresas, pero que hoy se ha convertido en el último recurso para trabajadores en relación de dependencia acosados por deudas impagables.
Economía y Finanzas14/09/2025
Por Expresión del Sur
El contador Juan Pablo López López, ex presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y síndico en procesos concursales, explicó en el programa “Las Barbas en Remojo” que este mecanismo se ha incrementado “de manera importante” en los últimos meses, como consecuencia directa de la delicada situación económica.
“Estamos viviendo un contexto donde el consumo está absolutamente deprimido, las tasas de interés se disparan y las refinanciaciones de tarjetas se vuelven exponenciales, llegando al 200% del costo financiero total. Eso genera una bola de nieve que termina obligando a muchas personas a pedir la quiebra para poder sobrevivir”, sostuvo.
En la legislación argentina, la quiebra está regulada por la Ley de Concursos y Quiebras (Ley 24.522). Si bien fue concebida principalmente para sociedades comerciales, también puede ser solicitada por personas humanas que demuestran que no pueden hacer frente a sus deudas.
A diferencia del concurso preventivo, que permite negociar con los acreedores y establecer un plan de pagos, la quiebra reconoce un estado de falencia total.
En ese escenario, el deudor carece de bienes suficientes para cubrir sus pasivos y se habilita un proceso de liquidación, o en el caso de particulares sin patrimonio, se procede a una verificación mínima de créditos para distribuir lo poco que se recaude.
Quien se declara en quiebra queda inhabilitado durante un periodo prolongado de tiempo, que puede extenderse entre cinco y diez años, para acceder a préstamos o tarjetas de crédito.
El pedido de quiebra personal debe realizarse a través de un abogado y presentarse en alguno de los dos juzgados de quiebra que funcionan en la provincia. En el escrito, el solicitante debe demostrar su situación de falencia, es decir, probar que sus ingresos no alcanzan para cubrir las deudas acumuladas.
La presentación debe ir acompañada de una certificación contable que refleje la situación patrimonial real.
Una vez iniciado el trámite, la justicia puede congelar los débitos automáticos sobre el salario y establecer un porcentaje destinado a los acreedores, procurando que la persona conserve lo indispensable para subsistir.
Según explicó López López, en la mayoría de los casos no hay bienes para liquidar, por lo que lo recaudado se utiliza, en primer lugar, para cubrir los gastos judiciales y luego para devolver en parte lo adeudado a las entidades financieras.
La jueza de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación, Victoria Ambrosini, confirmó el incremento de los pedidos en primera persona. “Asistimos con gran preocupación a un incremento notorio en los pedidos de propia quiebra de los consumidores.
Se trata de personas sin bienes, que tienen un trabajo en relación de dependencia y llegan desesperadas al juzgado porque no pueden cobrar su sueldo: el banco se queda con todo”, explicó.
Ambrosini señaló que, en la mayoría de los casos, las deudas que empujan a solicitar la quiebra no se relacionan con consumos superfluos, sino con gastos básicos de subsistencia.
Esa constatación enciende las alarmas, ya que refleja un escenario en el que ciudadanos comunes, empleados formales con salarios bancarizados, deben recurrir a la quiebra para asegurarse lo mínimo indispensable para vivir.
El fenómeno de la quiebra personal ilustra la fragilidad de la economía doméstica. Muchos trabajadores utilizaban la tarjeta de crédito como herramienta para “estirar” sus ingresos y afrontar el mes, pero las tasas desbordadas convirtieron esa salida en una trampa financiera.
Con sueldos absorbidos por débitos automáticos, las familias quedan sin margen para cubrir alimentación, alquileres o transporte.
Frente a esa situación, el pedido de quiebra aparece como un modo de recuperar al menos una porción del salario y destinarla a lo esencial.
La crisis no solo golpea a los consumidores individuales. Comercios, pymes y negocios de distinto tamaño también atraviesan escenarios falenciales.
Según López López, cada vez más empresarios evalúan concursos preventivos como alternativa para afrontar las deudas con proveedores, bancos y organismos fiscales.
La contracción del consumo, sumada a la paralización de la obra pública, dejó a las economías regionales sin el dinamismo que solían aportar esos sectores.
“El consumo cayó un 50% en el último año. La actividad se retrae y el modelo económico actual prioriza sectores extractivos como la minería o el petróleo, en detrimento de la industria y del consumo interno”, advirtió López López.
Esa caída afecta en cadena a múltiples rubros, desde el comercio minorista hasta la prestación de servicios, y amenaza con profundizar la recesión.
El aumento de los pedidos de quiebra personal y los concursos empresariales refleja una crisis económica estructural. López López apuntó que el actual modelo de gestión, que prioriza controlar los números macroeconómicos reduciendo al mínimo la circulación de pesos, se traduce en un achicamiento brutal del consumo. “La estrategia de domar la inflación a costa de retraer la actividad repercute en la vida cotidiana de los trabajadores y en la sostenibilidad de los comercios”, afirmó. Mientras tanto, en los pasillos de Ciudad Judicial, se repite la escena de empleados que, con angustia, presentan un pedido de quiebra como único camino para recuperar parte de su salario. (Nuevo Diario)
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