El fiscal Franco Picardi, a cargo del caso, ajustó la investigación a maniobras de presunta corrupción en la Agencia y solicitó a un área especializada de la Policía Federal que realice una nueva pericia al celular.
Judiciales23/09/2025
Por Expresión del Sur
El fiscal federal Franco Picardi ordenó nuevos estudios para recuperar la información borrada por el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, con respecto a las sospechas de manipulación sobre el celular que entregó a la Justicia en el marco de la investigación por presuntas coimas que salpican a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Además, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 delimitó en un dictamen la "plataforma fáctica del caso" y la causa investiga posibles "maniobras de corrupción pública" que habrían tenido lugar en el organismo a cargo de diseñar y ejecutar políticas públicas para personas con discapacidad, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) había presentado un informe en el que detalló que se consiguió obtener datos del celular secuestrado a Spagnuolo, un Apple modelo iPhone 16 Pro Max, pero los expertos advirtieron que previamente se había borrado información fundamental.
En ese contexto, Picardi ordenó al área especializada en Crimen Organizado de la Policía Federal que lleve adelante una nueva pericia para recuperar lo que el ex funcionario borró del teléfono. Para esta tarea, se le pedirá a la empresa que aporte un SIM con el mismo número con el fin de "introducirlo en el dispositivo y así ver si se puede acceder a la nube", donde podría haber quedado guardada la información que se eliminó "de forma manual".
Según el análisis de DATIP y otra información recolectada en la causa, Spagnuolo utilizó otro teléfono hasta el 21 de agosto, momento en el que "vinculó su línea al iPhone 16 Pro Max que le fue secuestrado" en su domicilio de la localidad bonaerense de Pilar.
Para la Fiscalía, el ex titular de la ANDIS "podría estar resguardando información y/o dispositivos" que contienen una serie de datos que resultan de interés para el avance de la pesquisa.
Después de que se levantara el secreto de sumario, el fiscal federal explicó que la investigación actualmente se circunscribe a "posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno" del organismo y que abarcarían a Suizo Argentina y otras droguerías vinculadas a la provisión de medicamentos. Asimismo, se ajusta a determinar "sus características, el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables", de acuerdo expresa el dictamen.
El documento señala que los hechos "habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional y, en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad".
También menciona como parte del supuesto esquema a la empresa que pertenece a la familia Kovalivker "y otras droguerías en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional" a partir de la participación en procesos de compra y adquisiciones que habría realizado la ANDIS de forma irregular.
Tras veinte días hábiles de secreto de sumario, fuentes judiciales informaron que Spagnuolo, abogado cercano al presidente Javier Milei, finalmente presentó un escrito pidiendo defensa oficial y resultó designado Hernán Silva.
La causa actual se inició a raíz de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón ante la difusión de los audios filtrados del ex director de la agendia de Discapacidad, donde alude a presuntos pagos de porcentajes por parte de droguerías que terminarían en manos de diferentes funcionarios, entre los que menciona a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su subsecretario, "Lule" Menem.
En este marco, hace diez días la Fiscalía solicitó la apertura de la caja de seguridad de Spagnuolo en el Banco BBVA para determinar sus movimientos. En tanto, el juez federal Sebastián Casanello tendrá que definir el pedido de la nulidad de la investigación que solicitó la defensa de los Kovalivker, al considerar que la base de la misma tendría un origen ilegal por esas grabaciones.
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