Es la estimación de la Justicia federal de Río Cuarto sobre los uniformados que hacían controles ruteros en Sampacho. Hay 23 imputados, de los cuales 13 están detenidos en Bouwer y dos con prisión domiciliaria. La causa avanza.
Argentina23/10/2025
Por Expresión del Sur
Al menos $ 55 millones en concepto de presuntas coimas habrían cobrado los 23 gendarmes acusados de conformar una presunta asociación ilícita, mientras realizaban controles en la zona de Sampacho, en el departamento Río Cuarto, entre agosto de 2024 y julio de este año.
La información surge del análisis preliminar de las operaciones bancarias de los uniformados imputados.
La hipótesis de la Justicia es que los gendarmes que se encontraban en la ruta, valiéndose de su “poder de policía”, interceptaban los camiones, identificaban alguna supuesta irregularidad (real o ficticia) y exigían dinero como condición para dejarlos seguir.
Cuando los transportistas no contaban con efectivo, se les habría ofrecido la alternativa de realizar transferencias a diferentes cuentas o billeteras virtuales.
“Una vez percibidas las sumas, los fondos eran redistribuidos entre todos los integrantes de la organización mediante transferencias electrónicas y entregas de dinero en efectivo”, explicó una fuente de la investigación.
Los investigadores establecieron que, en ese período de 11 meses, “se registraron operaciones por más de $ 5 millones mensuales (dentro de las cuales se destacan transferencias por un monto cercano a los $ 10 millones)”.
Fuentes de la causa señalaron que la denuncia y declaración del camionero que en enero se cansó de la exigencia del pago de coimas, tras un tercer intento por parte de personal de Gendarmería Nacional, fue clave para la causa.
En el último cuatrimestre del año pasado, los valores de los pedidos oscilarían entre los $ 100 mil y los $ 200 mil y los últimos registrados alcanzarían, en algunos casos, los $ 600 mil.
En los casos en que las exacciones ilegales eran abonadas en efectivo, el dinero no era recibido a simple vista.
De acuerdo a la investigación, los gendarmes habrían utilizado distintos mecanismos para ocultar la maniobra: en ocasiones, el camionero era conducido hasta un automóvil de la fuerza de color blanco o hasta un vehículo particular estacionado a un costado, donde el dinero era depositado en una caja de cartón ubicada en un baúl.
En otras oportunidades, las sumas de dinero eran colocadas dentro de una carpeta de la documentación del vehículo, entre otros artilugios.
Del total de 23 imputados, 13 permanecen detenidos en el penal de Bouwer y dos tienen prisión domiciliaria. En la causa, actúan el juez federal Carlos Ochoa y el fiscal Rodolfo Cabanillas, de Río Cuarto.
Uno de los datos sobresalientes de la pesquisa sería la “pata San Juan” dentro de la supuesta operación delictiva.
De acuerdo a los voceros del caso, en la estructura habría existido “un administrador financiero”, quien recaudaba y distribuía el dinero. A la par habrían operado más de 15 personas, de entre 18 y 30 años, sin ingresos familiares declarados y que habrían realizado las transferencias.
“Tales circunstancias permiten presumir que dichas cuentas habrían sido utilizadas como intermediarias para triangular y canalizar los fondos provenientes de las exacciones ilegales”, indicó la misma fuente.
Según la declaración testimonial de los denunciantes, los hechos habrían ocurrido entre el 1º de julio de 2024 y el 9 de septiembre de 2025.
Sin embargo, la Justicia federal sospecha que la maniobra delictiva habría comenzado mucho tiempo antes por el nivel de desarrollo de la organización, entre otros indicadores.
Incluso, se cree que podría haber actuado por al menos tres años en las patrullas de las rutas nacionales 8 y 35, también a la altura de Sampacho.
El análisis de la documentación incautada durante los allanamientos, entre los que se encuentran dispositivos electrónicos como computadoras y teléfonos celulares, y el peritaje contable de las cuentas bancarias y de billeteras virtuales de los implicados permitirán profundizar en el alcance de la presunta asociación ilícita.
Por otro lado, el fiscal federal Cabanillas solicitó la inhibición general de los bienes de los mencionados y la inmovilización de sus cuentas corrientes.
Finalmente, el pedido a los organismos nacionales para conocer los ingresos y bienes de los implicados y el cruzamiento de datos podrá determinar la posible existencia de cómplices o encubridores de la organización.
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