Tras el secuestro de 33 lechones y 21 cabritos, las redes estallaron con críticas. Vecinos cuestionan la medida en medio de la crisis, aunque la Policía actuó bajo el artículo 206 del Código Penal.
Sociedad04/12/2025
Por Expresión del Sur
El decomiso de 33 lechones y 21 cabritos realizado por la Policía Rural en Las Lajitas abrió una fuerte polémica entre los vecinos. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y dejaron en claro el malestar que generó la medida, sobre todo por el contexto económico y el sacrificio que implica criar animales para vender en esta época del año.
Muchos usuarios coincidieron en que “es injusto” quitarle la mercadería a la gente que vive de esto. “Pobre gente, tanto laburo para poder tener unos pesos y que les hagan esto”, expresó Margarita Venencia, una de las primeras en comentar.
Otra línea de críticas apuntó directamente a las fuerzas de seguridad. “Ya tienen la cena para el 24 y el 31”, lanzó Viviana Salas, mientras que Cristian Cejas ironizó: “Se cancela la compra de lechón, dijeron los gendarmes”. Varios usuarios repitieron la idea de que la carne “no termina quemada”, sino en parrillas privadas.
También surgieron reclamos por la falta de criterio en los controles. “En vez de tirarlos deberían donarlos o dejar que el dueño lo venda. ¿Por qué no controlan los negocios que venden sin papeles?”, cuestionó Cristina Naranjo en un posteo de Fernando Barros.
En el mismo sentido, otros pusieron el foco en las prioridades del Estado. “La falopa pasa por delante de sus narices y a la gente trabajadora sí la frenan”, escribió José Bini. Varios pidieron que los pequeños productores se organicen para hacer oír su protesta.
Si bien la bronca social fue fuerte, la Policía actuó dentro del marco legal vigente. En estos procedimientos se aplica el artículo 206 del Código Penal, que se utiliza para infraccionar y decomisar carne no apta para el consumo humano, especialmente cuando se detecta transporte sin frío, sin documentación o en vehículos no autorizados.
El objetivo es proteger la salud pública, ya que la carne sin controles puede representar riesgos sanitarios. En estos casos intervienen la Fiscalía Penal y otros organismos que ordenan el secuestro y la destrucción del producto.
En las últimas semanas hubo operativos similares en distintos puntos de la provincia, donde se secuestraron kilos de carne porcina, caprina y vacuna tanto en rutas como en carnicerías sin habilitación, como ocurrió recientemente en Las Lajitas y en Orán.
Aun así, el tono dominante en las redes fue de bronca, impotencia e injusticia, con la sensación de que los controles siempre caen sobre quienes se rebuscan para vivir. La medida reavivó un debate que vuelve cada fin de año: la tensión entre los controles sanitarios y la dura realidad económica en el interior salteño.
“La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, se indicó.
La investigación por el embarazo de una niña wichí en la ciudad de Tartagal tuvo un giro clave luego de que la Fiscalía confirmara que el acusado no es menor de edad, como se informó inicialmente, sino que tiene 19 años. Ante esta situación, se ordenó su detención.
La ayuda fue destinada a la familia Palomo, que perdió todas sus pertenencias tras la caída de un rayo que destruyó su vivienda en el paraje La Costa.
La muerte del padre Ariel Fessia duele, pero también obliga. Nos pide mirar de frente una realidad que se mantuvo demasiado tiempo en silencio. Honrar su memoria no es solo recordarlo: es evitar que otro cura viva -y muera- en condiciones que nunca debieron ocurrir.
La Cámara de Senadores aprobó la designación de la doctora María Cecilia Corral Martín como jueza del Distrito Judicial del Sur. Los senadores Mónico y Soto explicaron los fundamentos que respaldaron la decisión, en medio de cuestionamientos y objeciones presentadas durante el proceso.
El presidente del Foro de Intendentes aseguró que no hay fondos para otorgar un bono generalizado, salvo asistencia de la Provincia, y afirmó que los municipios priorizan sostener salarios, aguinaldo y aportes previsionales sin afectar el bolsillo de los trabajadores.
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, explicó que las comunas absorben parte del costo del nuevo piso de aporte al IPS para evitar que el impacto recaiga en los sueldos de los empleados municipales.
El organismo confirmó un pago total de $581.319 para beneficiarias de la Pensión Madre de 7 Hijos. El monto incluye aumento mensual, bono extraordinario y aguinaldo.
