Redes sociales y menores: el mundo endurece las reglas, ¿qué hará Argentina?

La discusión sobre el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales volvió a tomar fuerza a nivel global. Con más países avanzando en regulaciones estrictas para proteger a los menores, crece la pregunta sobre qué rumbo tomará Argentina frente a un fenómeno que preocupa por sus impactos en la salud mental, la privacidad y la exposición a riesgos digitales.

Mientras Australia ya aprobó la prohibición total para menores de 16 años —norma que entra en vigencia y exige a las plataformas verificar la edad real de los usuarios bajo amenaza de multas millonarias—, la Unión Europea avanza hacia un nuevo estándar de control y responsabilidad empresarial. La tendencia internacional es clara: más intervención estatal, mayor verificación de edad y límites más estrictos a las grandes tecnológicas.

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En Argentina, sin embargo, la situación es diferente. No existe todavía una regulación integral comparable a la australiana o a la que discute Europa, aunque empiezan a aparecer señales de un cambio de enfoque. Una de ellas fue la decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que bloqueó Roblox en las redes escolares para evitar la exposición de estudiantes a los riesgos asociados a esa plataforma.

A nivel nacional, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) viene impulsando campañas de concientización. En 2024 lanzó la guía Nuestro Mundo Digital para asesorar a adolescentes sobre privacidad online, y en 2025 sumó una campaña dirigida a padres y docentes. Aunque son pasos importantes, no implican restricciones legales nuevas.

La normativa vigente también introduce limitaciones a cualquier intento de endurecer el acceso. Desde los 13 años, según el Código Civil y Comercial, los adolescentes pueden tener cuentas en redes sociales y tomar decisiones autónomas en ciertos ámbitos, lo que presume que comprenden el alcance de sus acciones digitales.

El debate en Argentina, por lo tanto, se mueve entre la preocupación creciente por los riesgos en línea y un marco legal que respalda la autonomía adolescente desde los 13 años.

Mientras el mundo endurece su postura, el país aún no define si seguirá la tendencia global o si apostará por reforzar la educación digital sin avanzar hacia prohibiciones.