El Senado aprobó una moratoria para regularizar multas y recuperar vehículos secuestrados

Este jueves, el Senado de la Provincia aprobó un proyecto de ley que establece un régimen especial y transitorio de regularización de deudas por multas de tránsito, incluyendo a los vehículos que se encuentran actualmente secuestrados en dependencias policiales o municipales. La iniciativa pertenece a la senadora por el departamento Anta, Alejandra Beatriz Navarro.

El proyecto, identificado como Expte. Nº 90-33.855/2025, fue tratado en la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, que emitió dictamen favorable y aconsejó su aprobación con modificaciones al texto original.

Postítulos truchos: fuerte repercusión social

La ley crea una moratoria por 180 días, prorrogable por un período igual, para regularizar multas e infracciones cometidas hasta el 31 de octubre de 2025. Quedan excluidos de este beneficio los vehículos retenidos por causas judiciales.

Qué establece el régimen aprobado

Entre los puntos centrales, la norma permite que quienes se adhieran a la moratoria abonen únicamente el monto original de la multa, sin intereses ni recargos, siempre que el pago se realice en un solo acto o bajo las condiciones que fije la reglamentación.

Una vez cancelada la deuda, la autoridad administrativa competente podrá ordenar la entrega del vehículo al titular registral, a un representante legal o a quien acredite derecho suficiente, conforme lo determine la autoridad de aplicación.

La ley no será aplicable a los casos en los que ya exista un plan de pago vigente, cualquiera sea su estado de cumplimiento.

Alcance provincial y rol de los municipios

Si bien el régimen tendrá aplicación provincial, el texto aprobado invita expresamente a los municipios a adherir, lo que abre la posibilidad de que la medida tenga un impacto amplio, especialmente en localidades donde existen numerosos vehículos retenidos por infracciones de tránsito.

La autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo, que también deberá reglamentar los alcances operativos del régimen.

La iniciativa apunta a descomprimir los depósitos de vehículos secuestrados, facilitar la regularización de deudas y brindar una salida administrativa a conductores que, por acumulación de multas, no podían recuperar sus vehículos.