Mientras la Justicia avanza con la investigación, la sociedad observa. Y esta vez, espera resultados.
Actualidad19/12/2025
Por Expresión del Sur
La denuncia penal por postítulos docentes presuntamente falsos y el avance de la investigación judicial generaron una repercusión inmediata y masiva entre los lectores de Expresión del Sur. Cientos de comentarios reflejaron indignación, cansancio y desconfianza, pero también una expectativa clara: que esta vez el proceso avance hasta el final y no se repita la impunidad de otros episodios similares.
En redes sociales, docentes en actividad, jubilados y aspirantes al sistema educativo coincidieron en un punto central: estas prácticas no son nuevas, pero valoraron que, por primera vez, exista una decisión política explícita de denunciar penalmente y permitir que la Justicia intervenga. Muchos celebraron el paso dado por el Gobierno provincial y reclamaron que la investigación sea profunda, sin excepciones ni retrocesos.
Una de las expresiones más reiteradas fue el temor a que el caso termine diluyéndose, como ocurrió en otras oportunidades. “Ojalá que esta vez se haga justicia”, “que no sea sólo un anuncio” y “que haya sanciones reales” fueron frases que se repitieron a lo largo de cientos de intervenciones.
El reclamo apunta no sólo a los docentes que habrían presentado certificados apócrifos, sino también a quienes vendieron, avalaron o permitieron la circulación de esos postítulos. En ese sentido, muchos lectores exigieron que se investigue toda la cadena de responsabilidades, incluyendo institutos, intermediarios y eventuales complicidades dentro del propio sistema.
Los comentarios también dejaron al descubierto un profundo malestar con el funcionamiento histórico del sistema educativo, al que describen como viciado por acomodos, favoritismos, venta de cursos, domicilios falsos e irregularidades en concursos y designaciones.
Numerosos docentes relataron experiencias personales, señalando que durante años observaron cómo personas con puntajes llamativamente altos accedían a cargos directivos o titularizaciones, mientras otros quedaban relegados pese a haberse formado de manera legítima. Esa sensación de injusticia aparece como uno de los factores que explica la magnitud de la reacción social.
Otro eje central de la repercusión fue el pedido de sanciones concretas y ejemplificadoras. Entre las propuestas más mencionadas figuran la quita de puntajes obtenidos de manera irregular, la revisión de concursos anteriores, la separación de cargos y, en los casos que correspondan, inhabilitaciones para ejercer.
También hubo un fuerte reclamo para que se revisen otros aspectos del sistema, como las incompatibilidades horarias, las declaraciones juradas, los concursos directivos y el rol de los organismos de control.
Más allá del enojo y la desconfianza, una parte significativa de los lectores expresó respaldo a la decisión del Gobierno provincial de avanzar con la denuncia penal, entendiendo que se trata de un punto de inflexión necesario. “Era hora”, “alguien tenía que empezar” y “esto puede marcar un antes y un después” fueron expresiones que acompañaron ese apoyo.
El mensaje social es claro: hay una demanda fuerte de transparencia, de reglas claras y de igualdad real de oportunidades dentro del sistema educativo. La expectativa ahora está puesta en cómo seguirá la causa judicial y si, efectivamente, este proceso logra romper con una lógica de impunidad que muchos consideran arraigada desde hace décadas.
Mientras la Justicia avanza con la investigación, la sociedad observa. Y esta vez, espera resultados.
La iniciativa de la senadora por Anta, Alejandra Navarro, crea un régimen excepcional que permitirá pagar multas de tránsito sin intereses y liberar vehículos retenidos. Tendrá una vigencia inicial de 180 días e invita a los municipios a adherir.
Se iniciaron tareas de limpieza y nivelado en el predio destinado a 115 lotes. El municipio busca avanzar con un proyecto clave para el crecimiento urbano y la demanda habitacional de la zona.
La Justicia ya investiga la presunta falsificación de postítulos docentes usados para obtener puntaje en concursos. El Gobierno provincial impulsó una denuncia penal inédita y se secuestró documentación clave en el Ministerio de Educación.
La Provincia denunció un presunto fraude en concursos docentes por certificados apócrifos. La maniobra podría haber alcanzado a escuelas y docentes de todos los pueblos del interior.
El Gobierno provincial y los gremios estatales firmaron un nuevo acuerdo salarial. Se confirmó un bono extraordinario de $200.000 para enero, el esquema de pagos quincenales entre diciembre y enero y la apertura de paritarias 2026 en febrero.
Por primera vez, el Ministerio de Educación, con respaldo de la ministra Cristina Fiore y del mismo gobernador Gustavo Sáenz, denunció ante la Justicia un presunto fraude en concursos docentes. Detectaron certificados apócrifos usados para sumar puntaje y advierten una maniobra organizada de alcance provincial.
Aunque no hay cifras oficiales, fuentes al tanto del proceso confiaron a Expresión del Sur que la maniobra investigada tendría un alcance provincial y comprometería a docentes de distintos niveles jerárquicos.
Fuentes al tanto de la investigación señalaron que en el colegio N° 5037 de Las Lajitas podría haber un porcentaje muy elevado de docentes alcanzados por la auditoría. Desde el Ministerio y la Justicia mantienen la cautela mientras avanzan las actuaciones.
