El Gobernador firmó un DNU que exige controles toxicológicos a funcionarios públicos

La vocera del Gobierno, Paula Benavides, anunció que el gobernador Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la obligatoriedad del examen toxicológico para todos los funcionarios públicos.

La vocera del Gobierno de la Provincia, Paula Benavides, brindó hoy, una conferencia de prensa, donde informó que el gobernador Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la obligatoriedad del examen toxicológico para funcionarios públicos, marcando un punto de inflexión en la política y en la función pública salteña.

Durante el anuncio, realizado en la sala “Javier Lamas”, del Centro Cívico Grand Bourg, Benavides destacó que la medida reafirma el compromiso del Gobierno provincial con una transparencia real y con la idoneidad como obligación para ejercer cargos públicos. En ese sentido, señaló que el Gobernador entiende que no alcanza con la capacidad técnica para gobernar, sino que se requiere una aptitud moral e integridad física y psíquica irreprochables, tal como lo establece la Constitución.

El DNU alcanza a todos los poderes del Estado sin excepciones. En el Poder Ejecutivo, incluye al Gobernador, Vicegobernador, ministros y secretarios; en el Poder Legislativo, a diputados y senadores; en el Poder Judicial y el Ministerio Público, a jueces, fiscales y ministros de la Corte; y en el ámbito municipal, a intendentes y concejales. Además, la obligatoriedad se extiende a todas las personas que aspiren a ingresar al Estado provincial, quienes deberán acreditar su aptitud para desempeñar funciones públicas.

Respecto al procedimiento, se informó que los controles serán realizados de manera aleatoria y sorpresiva en los lugares de trabajo. Los exámenes buscarán detectar la presencia de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas y otras sustancias psicoactivas prohibidas, garantizando el respeto por la privacidad, el debido proceso y la posibilidad de contrapruebas en laboratorios habilitados.

Asimismo, se aclaró que la negativa injustificada a realizarse el examen será considerada automáticamente como un resultado positivo. En los casos confirmados, se avanzará con la remoción del cargo o la activación de los mecanismos de juicio político y destitución, según corresponda a cada función. Para los aspirantes a ingresar al Estado, un resultado positivo impedirá directamente su incorporación, en áreas como seguridad, salud, educación y el resto de la administración pública.

Finalmente, Benavides subrayó que esta decisión refleja una política clara y sin ambigüedades, orientada a consolidar una provincia ordenada, transparente y gestionada por personas plenamente aptas para asumir responsabilidades públicas.