Seis cuadras de crueldad: taxistas negaron llevar a una paciente oncológica en Salta

Hay hechos que exponen, sin anestesia, el verdadero estado de un servicio público. No hace falta una tragedia para advertir el deterioro; alcanza con una escena cotidiana, breve, casi mínima. Seis cuadras. Una terminal. Una mujer enferma. Y una fila de taxis que decide, sin pestañear, que ese viaje “no sirve”.

El caso ocurrió en la terminal de ómnibus de la ciudad de Salta y tiene como protagonista a una vecina de Metán, paciente oncológica, que debe viajar cada semana al Hospital San Bernardo para continuar con su tratamiento. Es una rutina dura, pero asumida con responsabilidad. Lo que no debería ocurrir —y sin embargo sucede— es que el obstáculo no sea la enfermedad, sino quienes deberían garantizar el traslado básico hacia un centro de salud.

Un servicio público que no cumple su función

Los taxis y remises en Salta operan bajo un sistema doble de control; municipal y por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT). Esa habilitación no es decorativa. Implica una responsabilidad elemental, trasladar a cualquier pasajero dentro del área urbana, sea cual sea la distancia, conforme al sistema tarifado vigente. Ningún chofer tiene la potestad de “elegir” viajes según su conveniencia. No existe el derecho a discriminar por tramo corto.

Sin embargo, eso fue exactamente lo que pasó.

La mujer —que no puede caminar ni 50 metros por la debilidad provocada por su tratamiento— salió junto a su esposo hacia la fila de taxis. El pedido era simple; llegar al hospital, a apenas seis cuadras. La respuesta, repetida una y otra vez, fue tajante: “No, en tramos cortos”. Diez negativas consecutivas. Diez rechazos a un servicio público por considerarlo “poco rentable”. Recién el taxista número once accedió, y lo hizo casi en voz baja, pidiéndoles que esperaran a que la fila se moviera.

No se trató de un mal día ni de un mal humor. El propio Mario Banega, esposo de la paciente, contó que esta situación se repite desde hace cuatro semanas. Y que no ocurre solo con ellos, sino con vecinos de Rosario de la Frontera, El Galpón, J. V. González y otros puntos del interior que llegan a Salta en búsqueda de medicina, no de problemas.

La enfermedad no espera, el taxi sí

El matrimonio incluso llegó a ofrecer pagar un monto mayor. No pretendían favores ni excepciones; solo pedían que se cumpla la función que cada chofer aceptó al recibir su licencia. La ficha mínima vale 100 pesos. Ningún argumento económico justifica dejar a una persona enferma parada en la vereda, sin la posibilidad física de caminar siete cuadras hasta un hospital.

La escena, lamentablemente, no es aislada. Y demuestra una falla estructural; cuando el servicio público se maneja como si fuera un capricho privado, el usuario —y más aún el usuario vulnerable— queda indefenso.

La solidaridad que sí apareció

Ese día, la solución llegó de una ciudadana común. Una joven que, al escuchar la entrevista en la terminal, se acercó, llamó a su madre, desarmó sus propios planes y llevó al matrimonio hasta el hospital. Un gesto simple, casi anónimo, que contrasta con la indiferencia de quienes tenían la obligación formal de hacerlo.

La diferencia está en que, una persona actuó por humanidad y un servicio habilitado no actuó en absoluto.

¿Quién controla al que debe controlar?

La AMT, el municipio de Salta y las autoridades provinciales tienen en sus manos la respuesta institucional. La licencia del chofer denunciado —la número 036— ya fue informada públicamente por la familia. Pero el problema no es un número; es un sistema permisivo, donde el pasajero depende de la voluntad del conductor para llegar o no a un hospital.

Si un taxi habilitado puede negarse a trasladar a un paciente oncológico por un viaje corto, ¿qué queda para el resto?
¿De qué sirve una regulación si nadie la hace cumplir?
¿Hasta cuándo la distancia entre la terminal y el hospital será, para muchos, un obstáculo insalvable?

Cuando el Estado falla, el ciudadano queda solo

La mujer de Metán seguirá viajando cada semana. Seguirá bajando en la terminal. Seguirá necesitando ese trayecto mínimo para llegar al hospital. Lo que no debería seguir pasando es que dependa de la suerte, la fortuna o la buena voluntad de un desconocido para acceder a un derecho básico: movilidad urbana.

Los servicios públicos existen para igualar. Cuando discriminan, se convierten en lo contrario; una barrera cruel que solo profundiza las desigualdades.

Esa barrera hoy mide seis cuadras.
Para una mujer enferma, es un muro.
Y es un muro que Salta tiene la obligación de derribar.